OPINIÓN | Katherine Ampuero: "Cuando las investigaciones alcanzan a quienes 'no deben'"
Tras la crisis política luego de que el Congreso vacara al expresidente Martín Vizcarra, ocurre ahora una campaña de desprestigio iniciada por un diario local y uno de sus periodistas contra el Equipo Especial Lava Jato, a quienes acusa de haber “sugerido, condicionado y promovido” a aspirantes a colaboradores eficaces para que sindicaran al entonces presidente Vizcarra en supuestos delitos de corrupción.
Según señala el periodista, el fiscal Juárez Atoche, quien investiga los casos “Club de las Constructoras”, “Lomas de Ilo” y Hospital de Moquegua” que involucran a Vizcarra en graves hechos de corrupción y asociación ilícita para delinquir, increpó a los abogados del investigado Elard Tejeda, de la corrupta empresa Obrainsa, que “Ustedes solo traen declaraciones contra alcaldes y gobernadores, eso no nos interesa, necesitamos algo contra el presidente”. Pero ¿en qué sustenta el periodista tan grave acusación contra el fiscal Juárez? ¿Sabe el periodista que la conducta atribuida al fiscal configura delito de obstrucción a la justicia sancionado con una pena de 3 a 5 años de cárcel?
El único sustento de lo señalado por el periodista son unas supuestas entrevistas (convenientemente amparadas bajo reserva de identidad) a abogados, fiscales y gente cercana a Obrainsa y a sus ejecutivos. No se sabe quiénes ni cuántos son los supuestos entrevistados ni cómo es que éstos tomaron conocimiento de lo que “exigía” el fiscal a los aspirantes a colaboradores eficaces, teniendo en cuenta que las únicas personas que participan de este proceso especial (etapa inicial y de corroboración) son el fiscal, el aspirante a colaborador eficaz y su abogado defensor.
Entonces, ¿Cuál de estas personas dio entrevista exclusiva al periodista? ¿Será el fiscal Juárez, el abogado de Obrainsa o los aspirantes a colaboradores eficaces? ¿A alguno de ellos le convenía que esta información fuera de conocimiento público sabiendo que eso puede ocasionar que el acuerdo de colaboración eficaz no sea aprobado por el Poder Judicial? ¿Se busca que con el solo dicho de un periodista y, sin ningún sustento fáctico que lo corrobore indiciariamente, la Fiscalía abra investigación preliminar contra los miembros del Equipo Especial y se archiven las investigaciones contra Vizcarra?
Nada más temerario e irresponsable para desprestigiar el trabajo que viene realizando el Equipo Especial Lava Jato contra expresidentes (Toledo, Humala, PPK y Vizcarra), ex altos funcionarios del Estado (alcaldesa y alcalde de Lima, gobernadores regionales, ministros, regidores) y líderes políticos (Keiko Fujimori, Julio Guzmán), entre otros.
Por otro lado, también preocupa la filtración irregular y selectiva de información “reservada”, como las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, a determinada prensa y periodistas “amigos”, no solo en el caso contra Vizcarra, pues, este modus operandi ocurrió también en otras investigaciones. ¿Ya nos hemos olvidado de la transmisión casi “en directo” desde Brasil de las declaraciones de Barata y otros exfuncionarios de la corrupta Odebrecht?
Como esos casos eran contra personajes que no tenían popularidad ni amigos en la “prensa”, nadie o casi nadie cuestionó esta práctica que vulnera el debido proceso y la reserva de las investigaciones.
Si realmente dicho diario y su periodista quieren que se investigue esta supuesta práctica delictiva, deberán proporcionar a la Fiscalía los documentos o identidades de quienes habrían efectuado tan grave sindicación para que se inicien las investigaciones y el Equipo Especial Lava Jato evite que se siga filtrando información reservada que ponga en peligro las investigaciones y los actos de corroboración en los procesos de colaboración eficaz, que puedan significar impunidad para muchos corruptos.