OPINIÓN | Katherine Ampuero: "De la tormenta a la calma"

Producida la vacancia presidencial de Martín Vizcarra por el Congreso de la República, por la causal de incapacidad moral permanente, como consecuencia de sus reiteradas mentiras y los graves y, abundantes indicios de corrupción imputados por el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial de Fiscales liderado por el fiscal superior Rafael Vela, el mismo equipo especial que requirió prisiones preventivas contra Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Susana Villarán, Luis Castañeda y otros investigados; asumió la presidencia de la República el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama.

A los pocos días, el flamante presidente tuvo que renunciar al cargo debido a las multitudinarias marchas de protesta que se hicieron sentir en las avenidas y calles de la capital y otras provincias del país.

Frente a ello, el Congreso tuvo que responder rápidamente al país y dar una solución a esta crisis política en la que nos encontrábamos sumergidos, así, nombraron como presidente del Congreso a Francisco Sagasti, quien el día martes juramentó como nuevo presidente de la República y con él, parece que la calma ha retornado al país, con un discurso conciliador en el que pidió perdón a los familiares de las víctimas de la marcha, Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo.

Ambos ciudadanos perdieron la vida durante las protestas y estos hechos ya se encuentran siendo investigados por Fiscalía, donde esperamos se logre identificar a los responsables y determinar las responsabilidades y sanciones penales correspondientes.

Al respecto, escucho voces que señalan Jack Bryan Pintado Sánchez ha sido sentenciado por hurto agravado a 2 años de pena privativa de la libertad y Jordan Inti Sotelo Camargo, fue intervenido por la PNP en el 2018, por posesión de drogas para fines de micro comercialización; sin embargo, ello no justifica de ninguna manera la muerte de estas dos personas, al igual que tampoco se justificó la muerte de 13 personas en la discoteca de Los Olivos ocurrido el 22 de agosto, solo porque algunos de ellos tenían antecedentes policiales y judiciales. Ambos hechos son igualmente reprochables y están siendo investigados.

Asimismo, estos hechos no deben convertir a todos los miembros de nuestra PNP como enemigos de la democracia o incluso en “asesinos”, no olvidemos que desde que se inició la pandemia los llamamos héroes, estuvieron en la primera línea de batalla y varios de ellos perdieron la vida por cuidarnos. Por ende, esperemos al resultado de las investigaciones y que Fiscalía y Poder Judicial hagan su trabajo.

Ayer, también se pronunció el Tribunal Constitucional declarando improcedente la demanda que presentó el Ejecutivo para que el máxime interprete de la Constitución precise los alcances de la incapacidad moral permanente, buscando que el primer pedido de vacancia contra Martín Vizcarra fuera declarado nulo y él pueda concluir con su mandato de 5 años.

Quedaba claro que el Tribunal Constitucional no podía dejar sin efecto la vacancia presidencial el cual, guste o no, siguió los procedimientos constitucionales correspondientes y que ahora ha legitimado en la presidencia de la República a Francisco Sagasti; sin embargo, creemos que era una oportunidad importante para que el Tribunal Constitucional fije los lineamientos de lo que debemos entender por incapacidad moral permanente, el cual engloba un concepto muy amplio y que en el futuro podría dar lugar a un ejercicio abusivo y arbitrario de esta facultad que tiene el Parlamento.