27/06/2021 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Todos andamos preocupadísimos por la pandemia que venimos soportando a nivel mundial, por la ineficiencia de su tratamiento desde el Estado, reconociendo sí, alguna mejoría en la actual administración gubernamental. Añadimos también como elemento que no deja conciliar el sueño, para expresarlo en forma figurativa, la grave crisis económica que la pandemia lleva como consecuencia adicional, a lo que tendríamos que agregar la descomunal posibilidad de irnos como país al abismo, si es que se proclama como ganador de la segunda vuelta electoral al antisistema y el comunismo ramplón, para decirlo con toda sinceridad.
Inquieta también que, pese a los ofrecimientos del Sector Privado de adquirir directamente vacunas para inocular al personal de las empresas y demás instituciones de dicho sector, como a sus familiares y población aledaña a emprendimientos en zonas rurales, que hasta ahora el Gobierno central impida tal contribución, que incluso aliviará a la caja fiscal.
Desde diciembre del año pasado contamos con la Ley 31091, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente de la República, la cual en su artículo cuarto permite la adquisición de las vacunas necesarias para prevenir la infección por el COVID-19 y otras emergencias sanitarias y pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pese a lo señalado, el Congreso recientemente ha aprobado otra iniciativa legislativa, que en la práctica prescribe regulaciones normativas adicionales a la Ley 31091 que, a juicio del autor de esta columna, no tienen mayor relevancia.
El Congreso, seguramente con la mejor intención, ha tratado de ayudar para que el sector privado pueda cumplir con su compromiso social ofertado al Gobierno central para adquirir las vacunas, pero lamentablemente olvidó lo sustancial, que es terminar con el cuello de botella o embudo, que significa en cada oportunidad de adquisición e importación, la intervención de Digemid.
De acuerdo con la normatividad vigente, Digemid debe emitir autorizaciones para cada adquisición de vacunas, medicamentos y demás elementos e instrumental de uso sanitario, certificando la probidad y calidad de lo que se adquiera. En la práctica muchísimas veces certifica, sin contar con los laboratorios adecuados e instrumental requerido, lo que otros organismos de certificación, de países de alto nivel de calidad de sus controles ya ha hecho, como por ejemplo de la Comunidad Europea, de Estados Unidos de América, de Japón y de Canadá entre otros.
Lo que tenemos que hacer, en lugar de tantas regulaciones adicionales y no esenciales, es legislar en el sentido de que cuando ya hay certificación de calidad en países reconocidos por su alta calidad de control del aludido material para la atención de la salud, la autorización de Digemid sea automática. No tiene lógica alguna que Digemid les trate de enmendar la plana.
Con las regulaciones actuales, tenemos que contar con más burocracia, más trámites, más gestiones e infinidad de tropiezos, que le quitan la voluntad al más santo. Es hora de destrabar y pronto.
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