Sayán pide a Fiscalía investigar a la ONP para saber dónde está el dinero de aportes
La constitucionalista Angélica Sayán, representante legal de los colectivos que exigen la devolución de los S/4,300 de la ONP, manifestó que el Ministerio Público debe investigar a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) por presunta malversación de fondos. Además, expuso los argumentos que debería plantear el Congreso de la República frente a la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC).
En diálogo con Exitosa, consideró que el Ministerio Público debe pronunciarse tras las declaraciones de la premier Violeta Bermúdez y el ministro de Economía, Waldo Mendoza, que la ONP “no tiene fondos para aplicar la ley” N°31083.
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“El gobierno ha cometido un error al decir que no hay fondos. La fiscalía debe averiguar dónde está el dinero que millones de peruanos han aportado, se debe investigar una presunta malversación. Si han hecho un mal uso, deben reponer el dinero. El artículo 12° de la Constitución sostiene que los fondos y reservas son intangibles, lo cual se preservan para ser utilizados en una contingencia, que esta crisis sanitaria amerita”, explicó.
El Dato: La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional fue notificada al Congreso, el cual deberá preparar una respuesta en un plazo de 30 días para defender la aplicación de la norma.
Asimismo, puntualizó que la norma aprobada no contraviene el artículo 79° de la Carta Magna: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”.
“El Parlamento ha solicitado la devolución de S/4,300 de los fondos de la ONP, no ha aprobado una ley para que el Ejecutivo haga un gasto extra fuera del presupuesto del 2021. Se supone que la ONP tiene el dinero que se aporta mensualmente. Si el Estado lo invierte en otros campos debería haber utilidades, no pérdidas. Otro detalle, dan un bono de reconocimiento cuando alguien se pasa a la AFP, pero dicen que no hay plata para aplicar la ley. Es ilógico”, enfatizó.
◼ La prioridad es la persona
Sayán agregó que la prioridad del Estado es la persona, tal como señala el primer artículo de la Constitución. “He trabajado en la teoría de la pirámide de la dignidad, donde por encima del Estado y la Empresa está el respeto de la persona humana. Trasladado a este caso, el Ejecutivo violaría derechos humanos al no emitir el reglamento ni desembolsar el dinero de los aportantes”, opinó.
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