26/10/2020 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Cuando desde el Congreso de la República se dieron las primeras propuestas de devolución de aportes a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), como una ayuda económica frente a la pandemia del coronavirus que ha dejado sin trabajo a millones de peruanos, surgieron voces de protesta y rechazo.
Tanto el presidente Martín Vizcarra como ministros, así como especialistas y representantes de los sistemas de pensiones, cuestionaron las propuestas tildándolas de populistas, inconstitucionales, que quebrarían a las AFP o que provocarían un forado en la caja fiscal, cuando lo que se busca es solo devolver el dinero que les pertenece a los trabajadores que, por la crisis sanitaria, no tienen cómo afrontar sus gastos básicos ni llevar alimento a sus hogares.
En el caso de la ONP se dijo que afectaba la economía del país porque el sistema estatal de pensiones es distinto al de las AFP, pues quienes aportaron y siguen aportando no tienen cuentas individuales y, por tanto, no se puede devolver algo que no existe. Resulta injusto que estos peruanos que aportaron durante años a la ONP no puedan recibir nada del dinero que les pertenece, porque no cumplieron los 20 años de aportaciones.
Pero quienes se oponían no formulaban ninguna alternativa para solucionar un problema de décadas, que ningún gobierno se atrevió a resolver, pasándole la pluma al siguiente.
Recién cuando estaba por aprobarse la primera devolución, el presidente Vizcarra terminó reconociendo los abusos de las AFP y dijo que presentaría un proyecto de reforma que, sin embargo, tardó en hacerlo. Pero ya era un primer paso, lo que indicaba que la lucha de los legisladores empezaba a dar frutos.
En estos días la comisión del Congreso encargada de la reforma del sistema previsional, que preside Carmen Omonte, ha adelantado el proyecto de ley que crea el Organismo Público de Pensiones, indicando que el nuevo sistema será manejado por cuentas individuales y con pensiones mínimas. Se abrirá una subasta de los fondos de los millones de peruanos, para elegir a los entes financieros que gestionen las cuentas y las mismas AFP pueden participar en este concurso público. Se creará un tribunal, una defensoría del aportante.
Otro paso adelante en la búsqueda de justicia con los jubilados y afiliados a los sistemas de pensiones que ya ha ganado críticas de quienes no quieren cambio. Carmen Omonte ha dicho que el proyecto aún no está terminado, pero debe dar las explicaciones para saber si la propuesta es la más adecuada, que beneficie al trabajador, que es lo que todos quieren.