Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó informe final que plantea inhabilitar por 10 años a Vizcarra
Con 15 votos a favor y dos abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó esta mañana el informe final de las denuncias por antejuicio político contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores), por el caso de vacunación irregular con las dosis adicionales que envió el laboratorio Sinopharm.
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El informe, expuesto por el parlamentario Jim Ali Mamani ante la Subcomisión, recomienda que el exmandatario y actual candidato al Congreso no ejerza ningún cargo de función pública por un periodo de 10 años.
“Vizcarra mintió al decir que fue voluntario, esto ya ha sido comprobado, además ha cometido otras seis infracciones constitucionales (...) Su vacunación se realizó en Palacio, yendo en contra del protocolo de inoculación de los ensayos clínicos, por lo que se evidencia que empleó su poder fáctico para inocularse”, explicó el legislador en entrevista con Exitosa.
El informe también señala que la extitular del Minsa, Pilar Mazzetti, infringió los artículos 38 y 39 de la Constitución, por lo que recomienda una sanción de inhabilitación para el cargo público por ocho años.
“Ella mintió al señalar que sería la última en vacunarse, nos mintió a todos. Pero esa no fue la primera vez, volvió a mentir al decir que no sabía si otros funcionarios se habían vacunado (...) Estos han sido los factores que hemos considerado para sancionarla”, dijo el Ali Mamani.
Contra la excanciller Elizabeth Astete se recomienda la inhabilitación de la función pública por un año, puesto que la diplomática habría recibido la “anuencia” del presidente Francisco Sagasti, versión que ha sido desmentida por el Ejecutivo.
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Es menester recalcar que las denuncias, presentadas contra los exfuncionarios, fueron interpuestas por la comisión de los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, malversación, así como aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible, entre otros cargos.
Tras la aprobación, el informe será remitido a la Comisión Permanente.
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