Ruth Luque a Walter Gutiérrez: Ya cumplió su mandato, no puede usar el cargo para actuar en base a consignas políticas

La congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque Ibarra, se pronunció luego de que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, le solicitó al presidente Pedro Castillo que renunciara al cargo, y le respondió que su mandato ya se cumplió, por lo que no puede continuar ejerciendo el cargo para actuar en base a sus consignas políticas.

Además, la parlamentaria manifestó que el defensor afecta a la entidad, cuyo trabajo es supervisar y garantizar los derechos fundamentales de la población peruana.

En ese sentido, le pidió a Gutiérrez que renuncie a la Defensoría del Pueblo.

"Walter Gutiérrez ya cumplió su mandato. No puede seguir utilizando el cargo para actuar en base a consignas políticas, afectando una entidad cuyo trabajo fundamental es supervisar y garantizar derechos fundamentales de todos los peruanos. Renuncie ya señor.", expresó Luque a través de su cuenta oficial de Twitter.

Defensoría del Pueblo solicita renuncia del presidente

La Defensoría del Pueblo se dirigió al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y le solicitó que, en salvaguarda de los derechos fundamentales, realice un acto responsable con el país y leal con la Constitución, procediendo a presentar su renuncia al cargo para comenzar un “curso de salida frente a esta grave crisis.”

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Mediante un documento enviado este sábado 9 de abril, la institución expresó su postura frente a la “grave crisis política en la que se encuentra el país” y manifestaron que son conscientes de que es necesario se supere esta situación.

En ese sentido, recalcaron que su función es ser garantes de los derechos fundamentales de la población, así como también son los encargados de supervisar una adecuada prestación de servicios públicos y del cumplimiento de los deberes de la administracio?n estatal.

En el oficio destacan que, entre sus consideraciones para pedir la renuncia, está que la entidad realizó reiteradas advertencias respecto al incumplimiento del mandato constitucional, que obliga al Estado a que garantice la vigencia de los derechos humanos y también al presidente a cumplir con la Constitución y ordenamiento jurídico.

Además, la Defensoría presenta como otra de sus razones que existe un acelerado deterioro de la administración pública y retrocesos en las políticas públicas.

Dentro de ello hace mención a que se designó como ministros de Estado y altos funcionarios a personas que no resultaron idóneas para los cargos debido a que no tienen experiencia o porque están vinculados a “ilícitos penales o casos de violencia contra las mujeres.”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, también incluyó a la lista de consideraciones la inmovilización social obligatoria que el presidente Castillo decretó para el 5 de abril, la cual es considera como una medida inconstitucional.

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