Patricia Chirinos pide que se priorice el trámite de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte
La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, solicitó a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Rosio Torres, la priorización de la denuncia de vinculación con la asociación privada Club Departamental Apurímac, interpuesta contra la actual vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.
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A través de un oficio, la legisladora pide urgentemente que se tramite la acusación contra la vicegobernante, con el fin de que el grupo de trabajo parlamentario lo observe durante la próxima sesión que tenga lugar.
Además, la diputada indica que la razón por la que lo pide con tanto apremio es por contar con los indicios necesarios para determinar que Boluarte no habría actuado conforme a lo que la ley establece, en relación a las funciones que ejercen los miembros del Ejecutivo.
“Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, solicitarle con carácter de URGENTE se priorice el trámite de la Denuncia Constitucional N° 269/2021-226 interpuesta por la congresista Norma Yarrow Lumbreras contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra y, en este sentido, se agende para la próxima sesión de la Comisión que usted dignamente preside”, se puede leer en el comunicado de Chirinos.
“Cabe resaltar que el presente pedido lo realizo en razón de que existirían indicios que demostrarían que la actual vicepresidenta de la República no ha procedido de acuerdo a lo establecido con la ley”, continua.
LA DENUNCIA
Como se recuerda, la congresista Norma Yarrow denunció el pasado 24 de mayo que la vicemandataria Dina Boluarte quebrantó tres artículos de la Constitución Política del Perú, al presuntamente haber ejercido como representante legal de la asociación privada Club Departamental Apurímac, cuando ya había sido nombrada como vicepresidente dentro del Gobierno de Pedro Castillo.
El articulo 126 de la Carta Magna indica que está prohibido que los miembros de la gestión pública sean administradores de intereses propios o de terceros o que puedan intervenir en la dirección de empresas o asociaciones privadas.
La sanción para Boluarte, en caso de hallar responsabilidad en ella, serían 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
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