“Nunca debió abrirse un proceso judicial contra nosotros”, dice excomando Chavín de Huántar
Un día como hoy, hace 25 años, los integrantes del Comando Chavín de Huántar ingresaron a la residencia del embajador de Japón, Morihisa Aoki, para rescatar a 72 personas que permanecían como rehenes de los 13 terroristas del MRTA dirigidos por Néstor Cerpa Cartolini.
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Aunque la operación fue un éxito, Alex Segura, uno de los integrantes del referido comando, aún lamenta que en 2002 se haya abierto un proceso judicial en contra de los comandos por supuestas muertes extrajudiciales en medio de la acción militar.
En diálogo con Exitosa, Segura hizo alusión al caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, los tres subversivos que habrían sido detenidos y desarmados por los agentes estatales durante la operación y ejecutados extrajudicialmente, pese a haberse rendido.
“Nosotros nunca pedimos que nos den las gracias. Nosotros debimos haber permanecido en el anonimato a través de los años. Gracias a la ingratitud de un rehén (Hidetaka Ogura, primer secretario de la Embajada del Japón), que era el único que se reía con (el terrorista) Cerpa y nos acusa de asesinos, se abre este proceso judicial que nunca debió abrirse”, indicó.
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El excomando recordó que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció que la Operación Chavín de Huántar fue legítima y se realizó respetando los derechos humanos y los cánones del derecho internacional.
Pero consideró que el Estado peruano debió defender más "a sus comandos Chavín de Huántar” por ofrecer “sus vidas para rescatar a 72 peruanos y la dignidad del país”.
“La Corte IDH le dice al Estado peruano que la operación fue legítima y los comandos no teníamos ningún tipo responsabilidad en los actos que pasaron (terroristas abatidos). Se habló de gallinazos y una fuerza paralela (el escuadrón Júpiter), pero fueron inventos del enemigo para distraer a la opinión pública”, sentenció.
En esa línea, remarcó que la sentencia del referido tribunal internacional validó tanto el juicio militar que excluyó de responsabilidad a los comandos, así como la sentencia en la sala civil que se dio en ese sentido, descartando presuntos delitos de lesa humanidad.
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