Más de 3500 funcionarios cometieron irregularidades en 2021, informa la Contraloría
Un total de 3547 funcionarios y servidores públicos han sido identificados con algún tipo de presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa en los informes de control posterior emitidos en lo que va del año, a nivel nacional. Así lo dio a conocer ayer Nelson Shack, contralor general, quien aseveró que algunas de estas personas tienen más de un tipo de responsabilidad.
De acuerdo a lo referido por Shack, cuando se identifica una presunta responsabilidad de ese tipo a funcionarios y servidores públicos, corresponde a la Procuraduría Pública entablar las acciones legales ante el Poder Judicial o el Ministerio Público.
Pese a ello, dijo que por la sobrecarga procesal todos quienes cometieron presuntos delitos de corrupción o tuvieron inconductas funcionales en perjuicio económico al Estado, continúan en sus puestos o no reciben una sanción. Consideró que eso incrementa la sensación de impunidad en la administración pública.
De todos modos, refirió que la Contraloría General ha recuperado hace poco la facultad de sancionar administrativamente con la inhabilitación para ejercer la función pública, hasta por cinco años, a quienes cometieron infracciones administrativas graves o muy graves. Eso a partir del 21 de julio de este año, cuando entró en vigencia la Ley N° 31288.
Añadió que la sanción administrativa que se aplica tras un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) se hace de manera independiente de las acciones legales en materia civil y penal, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Todo eso es como resultado de los informes de control emitidos en los servicios de control posterior.
◼ Mejor control desde 2022
Shack dijo que, desde 2022, la Contraloría General de la República estará en capacidad de aplicar las sanciones administrativas PAS a quienes incurren en inconducta funcional, para separarlos temporalmente del Estado y que no sigan haciendo daño y ocasionando un perjuicio al Estado.