Poder Judicial ordena 9 meses de prisión preventiva contra gobernador de Puno Agustín Luque

El gobernador de Puno, Agustín Luque, fue acusado por el presunto delito de colusión agravada, por lo que el Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva.
9 Noviembre, 2021
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Atención. Este martes, el Poder Judicial, Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el gobernador regional de Puno, Agustín Luque, por el presunto delito de colusión agravada.

De esta manera, esta orden judicial también alcanza a sus coacusados John Martínez Molina, ex jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y el ciudadano extranjero Chen Junkun, representante del Consorcio Hospitalario Manuel Núñez.

Como se recuerda, en la previa, la Fiscalía Provincial de Puno había solicitado los nueve meses de prisión preventiva para el gobernador regional.

Por lo que este pedido fue admitido, y de esta manera, Agustín Luque Chayña, John Martínez Molina y el ciudadano extranjero Chen Junkun serán internados próximamente en el penal designado mientras que afrontan el proceso que está en curso.

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Es importante precisar que el pedido del fiscal anticorrupción William Otazu Pinto, quien está a cargo del caso, también alcanza a John Martínez Molina, jefe del área de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Puno; y al empresario chino que representa al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez, Chen Junkun, quien figura como no habido.

De acuerdo al Ministerio Público, hay suficiente evidencia que comprueba la tesis de que el gobernador regional concertó con los empresarios chinos que ejecutan la construcción del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno.

La tesis fiscal sostiene que el gobernador regional, quien fue detenido el pasado sábado 30 de octubre, se habría puesto de acuerdo con el asesor jurídico, Jhon Martínez, para no cobrarle penalidades al consorcio encargado del proyecto hospitalario.

“A Luque Chayña se le atribuye haber concertado con Chen Junkun un acuerdo formal por el cual retrotrajeron el cobro de penalidades, por más de 500 mil soles, aplicadas al consorcio por la obra que se le había encargado, con lo cual causaron perjuicio patrimonial al Estado”, expuso el fiscal Otazu.

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