En tres meses se ha condenado a 388 funcionarios públicos por corrupción
En los primeros tres meses de este año, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, logró que un total de 388 personas que laboraban en diferentes entidades públicas sean condenadas por haber perpetrado ilícitos en perjuicio del Estado.
De acuerdo al fiscal coordinador de delitos de corrupción, Omar Tello Rosales, entre los principales condenados en este periodo se encuentran alcaldes, gobernadores regionales, policías, gerentes, empresarios; entre otras autoridades.
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El representante del Ministerio Público explicó que la cifra de sentenciados en este primer trimestre, en comparación a los 270 condenados del mismo periodo del año pasado, se ha incrementado en un 44 %, lo cual refleja el importante esfuerzo que los fiscales anticorrupción realizan para luchar frontalmente contra este flagelo.
Detalló que los delitos con mayor índice de sentencias son los de cohecho activo, con 60 sentencias, y peculado simple por apropiación para sí, con 33.
Tello precisó el “ranking” de condenados en ese periodo fue encabezado por las sedes fiscales de Lima Centro y Lima Norte con 33 y 30 sentenciados, respectivamente.
Según el balance realizado por Tello Rosales, en los tres primeros meses del 2022 ingresaron un total de 2.566 denuncias, de las cuales la mayor parte fueron presentadas en Lima Centro (207), Cusco (173) y Loreto (143).
El fiscal coordinador anticorrupción indicó, además, que un total de 68 requerimientos de prisión preventiva formulados por el Ministerio Público fueron declarados fundados por el Poder Judicial.
INCAUTACIONES POR S/ 5 MILLONES
En ese mismo periodo, según detalló Omar Tello, se ejecutaron 43 incautaciones ordenadas por el Poder Judicial que permitió recabar a favor del Estado bienes inmuebles, muebles y dinero, por un valor estimado alcanzó los S/ 5'568.660.
Todo esto, actualmente, está bajo la custodia del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). Algunos de estos bienes incautados judicialmente son ocupados por instituciones públicas.
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