Contraloría halló "indicios de irregularidad" en designación de Daniel Soria como Procurador General del Estado
La Contraloría halló "indicios de irregularidad" en la designación de Daniel Soria como Procurador General del Estado. Así lo dio a conocer en el informe elaborado por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual concluyen que fue nombrado en el cargo sin haber acreditado trayectoria en defensa jurídica del Estado.
"Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad los hechos con indicios de irregularidad identificados como resultado del desarrollo de la Accio?n de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan, conducentes a la determinacio?n de las responsabilidades a las que hubiera lugar", se lee en el documento.
La acción de control posterior determinó que el nombramiento el 1 de febrero del 2020 de Soria Luján se hizo con la publicación de una resolución suprema sin que se contara con un informe que sustentara la legalidad del proceso.
"La designación del Procurador General del Estado se realizó sin que se haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado, tal como lo establece la normativa que regula los requisitos para acceder a este cargo, habiéndose emitido la resolución suprema de dicha designación sin contar con el informe técnico o legal que la sustente, situación que afecta la legalidad de la designación de su titular", especifican.
Cabe recalcar que la documentación, elaborada por la jefa del equipo de la OCI, Lisbeth Rosana Peña Caja, y por el supervisor José Carlos Guerrero Flores, cuenta con la aprobación del titular de la oficina, Jorge Antonio Llamoctanta Trejo.
De acuerdo a la investigación, Daniel Soria incluyó como experiencia profesional para sustentar su nombramiento el haberse desempeñado como asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional en la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, la OCI estableció que dicha labor “no se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”, requisito planteado por la normativa de la Procuraduría General del Estado donde se señala que el procurador general requiere tener “trayectoria en la defensa jurídica del Estado” específicamente.
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