Autorizan viaje a Chile de procurador por proceso de ampliación de extradición de Alberto Fujimori
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) autorizó este jueves el viaje a Chile del Procurador Público Ad Hoc, Javier Pacheco Palacios, a fin de realizar las respectivas coordinaciones ante las autoridades de ese país, en el marco del proceso de ampliación de extradición activa del expresidente Alberto Fujimori.
Según Resolución Ministerial 0239-2021-JUS, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se indica que el viaje del procurador será del 5 al 10 de diciembre, para coordinar con las autoridades políticas, académicas y del derecho en Chile.
"Autorizar, del 5 al 10 de diciembre de 2021, el viaje del abogado Javier Alonso Pacheco Palacios, Procurador Público Ad Hoc, a fin de realizar las coordinaciones respectivas ante las autoridades políticas, académicas y del derecho de la República de Chile con el objetivo de asegurar y garantizar una debida representación y defensa de los intereses del Estado ante las autoridades jurisdiccionales del referido país en el marco del proceso de ampliación de extradición activa del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori, aprobado por Resolución Suprema N° 153-2021-JUS", se lee en el dispositivo legal.
Es en dicho contexto y con el objetivo de garantizar una debida representación y defensa de los intereses del Estado ante las autoridades jurisdiccionales de dicho país, es que se autoriza el viaje del citado Procurador Público Ad Hoc.
Dentro de los quince 15 días siguientes a la culminación del viaje, el servidor público en mención deberá presentar ante el ministro de Justicia, Aníbal Torres, un informe detallado de las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los viáticos entregados, los cuales ascienden a $2 220, fuera del costo de pasaje que es US$ $1 971.
Más detalles
El dispositivo legal recuerda que el 28 de agosto se accedió a la solicitud de ampliación de extradición activa del expresidente Fujimori por la presunta comisión de los siguientes delitos: Contra la seguridad pública por el suministro ilegal de armas de fuego, y la tranquilidad pública por la asociación ilícita para delinquir.
También por los delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado tras la violación de la soberanía de un Estado extranjero y conjuración contra un Estado extranjero; así como contra la fe pública por la falsedad genérica en agravio del Estado peruano.
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