18/11/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya, señaló que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, habría cometido el delito de falsedad contra la administración pública, luego que revelara que una empresa, que tiene como apoderado a su hermano y sobrino, habría contratado con el Estado, pese a que la ley lo prohíbe.
"Por la negativa que hace el ministro, sobre la existencia de este impedimento, esto constituye el delito de falsedad ante la administración pública cuando el ministro trata encubrir ese delito en el que ha incurrido, incurre en el delito de encubrimiento", dijo en entrevista para Exitosa.
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La experta en contrataciones con el Estado afirmó que la empresa Aldem SAC, cuyos apoderados son Víctor Torres e Iván Torres, familiares del ministro de Justicia, firmó un contrato para prestar servicios en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).
Según detalló, la empresa ganó la buena pro antes de que Torres Vásquez asumiera el cargo de titular del Ministerio de Justicia. Sin embargo, cuando llegó el día de la firma de contrato, Torres ya era parte del Gobierno, por lo que se debió desistir de la firma del convenio.
"El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que están prohibidos de ser contratistas, es decir, firmar el contrato las personas jurídicas, de los cuales, los hermanos de los ministros sean apoderados", sostuvo.
Indicó que la empresa Aldem SAC no informó tener impedimento para anular la contratación. Mencionó que el OSCE ya ha sancionado, anteriormente, a otros proveedores por presentar el mismo conflicto de interés al tener a familiares con cargos en el Estado.
"[La empresa] debió abstenerse de firmar el contrato porque cuando firman el contrato certifican que no tienen ningún impedimento de firmarlo. Es decir, estaban obligados a no firmar el contrato porque surgió el impedimento [la designación de Torres en el Gabinete Ministerial]", indicó.
"Es una adjudicación, no un contrato"
Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró que la empresa Aldem S.A.C., que tiene como accionistas a familiares directos del ministro de Justicia, firmó adjudicaciones con el Estado antes de la designación de Torres como ministro, y no contratos ya que la ley lo prohíbe.
"Nosotros hemos hechos unas primeras indagaciones. Lo que podemos decir es que se trataría de adjudicaciones que se hicieron mucho antes de que asumiera el ministro en esta responsabilidad. Seguro Torres, en las próximas horas, establecerá claramente cómo se dio esta situación", explicó la premier este miércoles.
En tanto, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en donde explica que la adjudicación a favor de una empresa vinculada a familiares del ministro fue antes de que Aníbal Torres jurara en el cargo.
"No existió ninguna injerencia para que dicha empresa obtuviera algún favorecimiento", señala la misiva.
Cabe precisar que Torres Vásquez envió un oficio al contralor general de la República, Nelson Shack, y al titular del OSCE, Diego Montes, en el que solicita evaluar la validez del contrato.
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