Nicaragua: Daniel Ortega niega cualquier negociación que garantice elecciones limpias
En medio de una ola de detenciones arbitrarias en Nicaragua, que incluyen a siete candidatos presidenciales opositores, el presidente del régimen Daniel Ortega apareció en público y arremetió contra los Estados Unidos.
Además, dejó entrever su malestar con los gobiernos de México y Argentina que condenaron las detenciones. Un día después que el séptimo candidato opositor, Noel Vidaurre, es detenido, Daniel Ortega reapareció en público junto a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.
En la breve intervención atacó a los EEUU, habló de México, Argentina y Venezuela, y bloqueó de manera contundente cualquier posibilidad de negociación para llegar a las elecciones de noviembre en un marco democrático, como exige la oposición, la comunidad internacional y los organismo defensores de los Derechos humanos.
Según detalló La Prensa, Ortega acusó “al imperio” (por EE.UU.) de no querer elecciones. “El imperio quiere boicotearlas, sembrar nuevamente el terrorismo en nuestro país. Pero, si Dios quiere, vamos a realizar esas elecciones y el pueblo y la juventud saldrá a votar”.
Ortega agregó que “los yanquis no respetan, para ellos las elecciones valen solamente cuando ganan sus peleles, o sea los que ellos ponen como candidatos. Si ganan, las elecciones son buenas, si no ganan sus peleles, entonces la elección no es buena”, indicó.
Ortega, sin embargo, nada dijo de las graves violaciones a los DD.HH. en Venezuela que, por ejemplo, documentó Michelle Bachelet. Además la emprendió contra Argentina y México que piden elecciones limpias.
Ortega aún no perdona que ambos gobiernos, considerados de izquierda, llamaran a consultas a los embajadores de Nicaragua en su país por la brutal represión.
◼ Las ONG en mira
El régimen de Nicaragua solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría asociaciones médicas críticas con el manejo oficial de la pandemia de la covid-19. La propuesta establece que los bienes y activos que pertenezcan a esas entidades tendrán pasarán a ser propiedad del Estado.