Detectan que un total de 722 reos cobraron Bono Familiar Universal
La Contraloría General de la República reveló este fin de semana que 722 internos de diferentes establecimientos penitenciaron cobraron el Bono Familiar Universal de S/ 760, el subsidio otorgado por el Gobierno a familias en condición de pobreza y pobreza extrema afectadas por la pandemia del Covid-19.
Un informe de control que realizó la institución al programa Pensión 65 evidenció que 3,864 reclusos figuran en el padrón como responsables de cobrar el dinero “a nombre de su familia”, pese a que la pauta de beneficio los excluye de esa designación. De ese total, el 18.69% de los presos (722) cobraron la suma total de S/ 548,720.
La transacción se ejecutó a través de la banca por celular, billetera electrónica y depósito. “Al desconocer si el subsidio monetario llegó efectivamente a los hogares vulnerables, esta situación afecta su economía, y con ello la finalidad pública prevista [del bono]”, señaló la Contraloría en un comunicado.
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Según el Decreto de Urgencia N°052-2020, el segundo bono solo podía ser cobrado en el ámbito rural por representantes de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema incluidos en el Sistema de Focalización de Hogares, el programa Juntos, Pensión 65, el programa Contigo, y aquellos que no estén en planilla.
No obstante, el programa Pensión 65 únicamente usó como fuente a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), cuando debió contrarrestar esta relación con el registro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de determinar quiénes están privadas de su libertad.
“La pauta técnica para la designación de los responsables del cobro del subsidio indica expresamente que no se consideran los miembros del hogar que se encuentren registrados como fallecidos por el Reniec. Asimismo, aquellos que se encuentren privados de su libertad”, puntualizó la institución.
El ente de control emplazó al programa Pensión 65 a adoptar las medidas correspondientes.
Corrupción no se detiene
El cobro del Bono Familiar Universal por parte de reclusos no es la única irregularidad detectada durante la emergencia dispuesta por el Covid-19. Como se recuerda, la Contraloría detectó en junio que 4,212 funcionarios públicos recibieron canastas, a pesar de que tenían salarios que oscilaban entre los S/ 1,200 y S/ 10,000.