OPINIÓN | Mario Amoretti: "¿Qué hacer frente a la corrupción, inseguridad ciudadana y jurídica?"

Ante las denuncias ciudadanas, sobre el uso de jeringas vacías durante el proceso de vacunación, no solamente es preocupante e indignante, sino delictivo. En efecto, las vacunas no colocadas al final tienen otro destino, quien o quienes se apropiaron de las mismas, para sí o terceros, configura el delito de peculado agravado, por ser vacunas destinadas con fines asistenciales, y la pena es de 8 a 12 años. Lo sucedido anteriormente, con la “desaparición de vacunas” e inclusive, “las entregadas” a la Embajada de China, hasta la fecha se desconoce el destino de las mismas y las utilizadas para vacunar a diversas personas, así como quienes fueron las autoridades responsables de esta disposición. Es el caso que ahora altos funcionarios del gobierno consideran que es un acto criminal, como en efecto lo es y, lo sucedido en el gobierno anterior no es delito. Que no se siga traficando con el dolor, la salud y la vida de los peruanos.

Lo que sucede diariamente: asesinatos, robos, hurtos, etc. sin respetar la vida o integridad física de las personas -mujeres, niños- ya no tenemos ninguna seguridad en las calles, la policía detiene a los autores en flagrante delito, son puestos a disposición de la Fiscalía o juzgado, para luego, en algunos casos son puestos en libertad, para que sigan delinquiendo. Y que sucede con estos malos policías, fiscales o jueces, simple y llanamente, en la mayoría de los casos, siguen ejerciendo sus cargos, pese a las denuncias públicas. Los órganos de control de dichas instituciones no toman ninguna medida para destituirlos y denunciarlos. Los ciudadanos comunes seguimos a expensas de avezados delincuentes, por estas malas autoridades; sin embargo, en muchas oportunidades no vacilan en disponer la privación de libertad de personas inocentes o, en algunos casos, su responsabilidad no es tan grave, a pesar de tener domicilio y trabajo conocido, los envían a la cárcel.

Siguen aprobando leyes carentes de técnica jurídica- leyes populistas-, que no benefician al país. El Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo no serán desactivados, sino mejorados. No se dice nada sobre elección de jueces y fiscales por el “pueblo” - inconstitucional-; pero, lo más grave, se olvidan de la Junta Nacional de Justicia - que los elige- demostrando total desconocimiento de como se administra justicia o pretenden que el gobierno elegido, dirija estas elecciones “políticas”, dejando de lado la meritocracia y los nuevos “jueces y fiscales”, revisen las sentencias condenatorias de los “expresidentes regionales” que han sido condenados por corrupción y otros por delitos graves, del partido de gobierno, como Abimael Guzmán, “presos políticos”, los declaren inocentes y dispongan su libertad.

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