OPINIÓN | Mario Amoretti: "Apliquemos la ley, al igual para todos, como seguridad jurídica en el país"

Consideramos que la Fuerza Armada y Policía Nacional merecen respeto; es inaceptable que un gobierno transitorio pretenda llevar a cabo una reforma “por civiles notables”, es inaudito lo que se viene gestando. La comunidad jurídica y la sociedad en general no debemos permitirlo, ya bastante daño se ha originado a la Policía Nacional, con la ilegal baja de generales, para colocar como comandante general a quien ocupaba en el cuadro de méritos el puesto 18; dejando de lado la meritocracia, para designar a general de su entorno. Frente, al deseo de seguir “copando” cargos en la Fuerza Armada, se recurre al pretexto una “reforma”. Nos preguntamos: ¿qué dirían los asesores de este gobierno, si “notables civiles” ejecutan una reforma del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial? Es indudable que saldrían a protestar. De tal manera que no se puede admitir este tipo de intervenciones con fines políticos, que atentan contra la seguridad jurídica del país.

Y, los sujetos que han delinquido “en las manifestaciones, protestas y bloqueos de carreteras”; y más aún a los corredores - instigadores-, como diría Martínez Morosini, “aquí no pasa nada”, ni se les ha detenido en flagrante delito, ni se investiga la comisión de delitos -uso de artefactos pirotécnicos, secuestros de policías, muerte de ciudadanos, disturbios, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, resistencia o desobediencia a la autoridad, daños a la propiedad pública y privada, exposición a peligro, robos y hurtos agravados, extorsión, etc.-. Y quienes han delinquido exigen “diálogo”, que se llevan a cabo con las autoridades, esto es inadmisible; y, se accede a sus peticiones. ¿Dónde está el principio de igualdad? ¿Por qué a los opositores al gobierno de turno se les “aplica la ley” y a los amigos ni siquiera se les investiga? Si queremos salir adelante, luego de lo que nos ha pasado, apliquemos la ley a todos, a los autores, partícipes, instigadores, mediatos, dirigentes.

Estamos ante la inminencia de una segunda ola de COVID-19: Pero no tenemos vacunas, pruebas moleculares, camas UCI, oxígeno, etc., se menosprecia la salud y la vida de los peruanos. Nos engañaron con las vacunas, con pruebas moleculares; hemos sido estafados. Cuántos peruanos han fallecido, porque se traficó con pruebas rápidas. En este caso, no aplica el delito de homicidio simple -modalidad de dolo eventual- que, para otros casos de menor gravedad, la Fiscalía sí se ha denunciado, porque en esta oportunidad, cuando los hechos son evidentes no hacen uso de esta figura delictiva, pues los funcionarios se representaron en su mente, que adquirir las pruebas rápidas y no las moleculares, o la carencia de oxígeno, etc., se iba a producir el resultado muerte y no hicieron nada para evitarlo.