OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: "Corrupción, más letal que el Covid"

El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, formuló ayer una grave denuncia: El país ha perdido casi el 30 por ciento de su presupuesto nacional por actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Nada más repudiable que funcionarios del Estado hayan sacado provecho de los recursos del Estado mientras los peruanos sufrían muerte, cientos de miles de contagiados, padeciendo los efectos de las deplorables condiciones en que se encuentran nuestros hospitales y la falta de oxígeno, millones de compatriotas perdían sus puestos de trabajo y hoy muchos no tienen para comer.

Es un hecho que se ha venido denunciando, pero hoy en la voz del contralor se conoce la magnitud de lo ocurrido, nada menos que casi un tercio del presupuesto general.

Según el contralor, la flexibilización de todos los procedimientos de compras es una de las causantes de este problema, por la que personas que nunca habían contratado con el Estado podían ser admitidas. Y hemos visto, en las denuncias que se han podido conocer que hasta vendedores de llantas de autos figuran como proveedores de mascarillas y otros implementos de protección contra el Covid-19, y lo más grave con sobreprecios.

Según la Fiscalía, a la fecha se tiene cerca de 200 investigaciones de irregularidades detectadas en las adquisiciones durante la pandemia, incluida la compra de pruebas rápidas en las que implican al vacado expresidente Martín Vizcarra, también investigado por presuntamente haber recibido coimas por dos millones 300 mil soles cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Y pese a ello, Vizcarra anuncia que evalúa ser candidato al Congreso de la República en las elecciones generales del 11 de abril de 2021. ¿Con qué propósito? ¿Buscar impunidad, eso que siempre criticó a los políticos que llegaban al Parlamento?

Las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría están también en las compras y entregas de productos de primera necesidad realizadas por las municipalidades distritales y gobiernos regionales, que recibieron subsidio del gobierno de Vizcarra para la entrega de canastas a las familias más vulnerables. Y muchas nunca llegaron.

Quienes han cometido estos casos de corrupción merecen la más dura sanción, porque es un crimen aprovecharse del dinero de todos los peruanos mientras los compatriotas sufren la más terrible crisis económica sanitaria de la historia. Las autoridades deben actuar con celeridad para denunciar a todos los corruptos y que reciban la más drástica pena.

La corrupción tiene que ser cortada de raíz, con la mayor severidad, y el gobierno transitorio del presidente Francisco Sagasti debe dar los primeros pasos con firmeza.