OPINIÓN | Javier Zúñiga: "Efectos económicos de la Reforma de Pensiones"
En los últimos meses, las distintas bancadas políticas del Congreso tratan de sobresalir buscando supuestamente el bienestar de la sociedad en medio de la pandemia, presentando propuestas populistas que ocasionan la desestabilidad económica y una mayor incertidumbre en la población peruana. La última propuesta de reformar el sistema de pensiones ha generado una gran tensión.
De acuerdo con la encuesta realizada por Ipsos, el 82% de los afiliados a las AFP están en desacuerdo de que el Estado maneje sus fondos. El Estado tuvo la oportunidad de mostrar una buena gestión en el manejo de la ONP, y no pudo hacerlo.
Si bien se propone que el administrador de este nuevo sistema sea una autoridad con autonomía similar a la del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), no se ha planteado quiénes lo conformarían o cómo invertirían estos recursos. Algo más preocupante, es el fondo de riesgo compartido, del cual no se tiene ninguna idea acerca de cuánto pretenden transferir del dinero de cada aportante a aquellos pensionistas que no pudieron acumular una pensión digna.
Otro tema que causa preocupación es la reforma en sí, pues se visualiza como una especie de estatización del sistema privado de pensiones. Las estatizaciones ahuyentan a toda clase de inversión que el sector privado estuviera dispuesto a realizar, incluso afectaría la atracción de inversión extranjera directa al país. Es conveniente recordar que la inversión extranjera directa en el 2020 fue de US$ 2,061 millones, 76.8% menos que el 2019.
Como lo afirmó la Sra. Superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), este proyecto tiene demasiados vacíos. Efectivamente, lo que se puede observar es que el mismo es improvisado, sin sustento técnico y más que responder a las necesidades de los peruanos, se percibe como una propuesta que busca quedar bien ante las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril próximo.
Es cierto que el actual sistema de pensiones necesita una reforma, pero la misma no puede ser un proyecto de estatización. Los proyectos de retiro de fondos presentados en el Congreso en el 2020 pretendían que los aportantes retiren sus propios recursos para subsistir, ahora se estaría tomando una cantidad de esos mismos fondos sin saber a qué manos irán. Si los bonos de ayuda social durante la pandemia tuvieron problemas en su distribución por parte del gobierno, qué nos asegura que ahora sería distinto.
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