OPINIÓN | Javier Zúñiga: "Análisis económico del primer discurso presidencial"

El primer discurso presidencial de Pedro Castillo del 28 de julio estuvo más cerca al ideario inicialmente presentado por Perú Libre que a la nueva propuesta del Bicentenario.

En lo económico, mencionó la necesidad de eliminar los abusos monopólicos que fijan precios artificialmente. Es conveniente indicar que ya existe la Ley antimonopolio que asegura la libre competencia. Pero si se pretende cambiar el modelo económico para fijar precios a bienes y servicios, podríamos tener mercados negros en donde se pagarían precios altos, en comparación a los actuales.

El Estado debe ser un socio o ejecutor mayoritario de los proyectos de inversión. Ya contamos con las Asociaciones Púbico Privadas (APP), que permiten acuerdos entre el Estado y el privado para llevarlos a cabo; y el programa de Obras por Impuestos (OxI), con el cual las empresas privadas adelantan el pago de sus impuestos financiando o ejecutando obras de inversión pública.

La inversión pública es esencialmente importante. La asignación de S/3,000 millones para las inversiones de las municipalidades y gobiernos regionales es una buena forma de crear empleo, pero lo más importante no es disponer de dinero, sino de usarlo adecuadamente.

Para el sector agrario, se mencionó la transferencia de S/3,000 millones al programa FAE-Agro y que Agrobanco se convertiría en un agente que dinamice el desarrollo de la agricultura nacional. El brindar apoyo financiero al agro debe ir de la mano de una correcta asesoría y seguimiento del buen uso de los fondos.

En el comercio exterior, es necesario mantener la apertura comercial y seguir en el camino de la integración regional; sin embargo, el pretender mejorar los Tratados de Libre Comercio (TLC) buscando el beneficio de una parte no es razonable. Los acuerdos comerciales de dos o más países se realizan con el objetivo de que todas las partes obtengan beneficios equitativos.

En lo social, se anunció que la salud y la pensión serían universales. En cuanto a la salud, si bien es un derecho para todas las personas, se debe considerar que muchos ciudadanos poseen recursos económicos para aportar al sistema de salud, pero no lo hacen, convirtiéndose en una carga innecesaria para el Estado. En el caso de las pensiones, los expertos en la materia indican que, antes de hacerlo un derecho universal, el Estado debe solucionar el problema de la alta informalidad de nuestro país.

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