15/09/2021 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
A través de sus redes sociales, el Ministerio Público solicitó al Ministerio del Interior que se refuerce la seguridad en las afueras de la Morgue Central del Callao, lugar donde permanece el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán Reinoso, debido a la presencia de manifestantes que exige ver el cadáver del terrorista.
En esa línea, la Fiscalía también pidió seguridad personal para resguardar la integridad física de los fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, que investigan las causas de la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso.
Como se conoce, los restos del criminal más sanguinario del país permanecen en la Morgue Central del Callao desde el sábado, mientras las autoridades determinan cuál será su destino.
Hay que precisar que según indicó el congresista Alejandro Cavero, este último martes, en entrevista con Exitosa, a la Fiscalía aún le falta culminar una serie de diligencias para recién ordenar la cremación de los restos del exlíder de Sendero Luminoso.
Es importante mencionar que ante la ausencia de una regulación específica sobre la disposición final de cadáveres cuya entrega o actos funerarios podrían significar un riesgo para la sociedad, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó el martes una iniciativa legislativa que modifica el artículo 114 de la Ley General de Salud, facultando a jueces y fiscales a tomar una decisión sobre ese tema.
De acuerdo con el proyecto de ley,“el juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público”.
En tanto, este miércoles, el titular de la Procuraduría General del Estado, Daniel Soria Luján, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial para que se ordene a la Fiscalía abstenerse de entregar los restos de Abimael Guzmán a sus familiares y se disponga su cremación y traslado de forma reservada a un cinerario público común, en resguardo del orden constitucional.
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