Presentan denuncia constitucional contra Sagasti, Bermúdez y Ugarte por vacunación de Vizcarra
Este domingo 4 de julio, el congresista César Gonzales Tuanama presentó una denuncia constitucional contra el presidente Francisco Sagasti, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, por la vacunación del expresidente Martín Vizcarra con la vacuna de Pfizer.
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Según el parlamentario, los funcionarios trasgredieron los artículos 9 y 38 de la Constitución Política y los artículos 377 y 387 del Código Penal. Esto debido a que el exmandatario, involucrado en el caso 'Vacunagate', permaneció en el padrón de vacunación del Ministerio de Salud a pesar de su inoculación irregular con la vacuna de Sinopharm en octubre del 2020.
"No hace más que demostrar que los denunciados infringieron la Constitución flagrantemente y poseen una total responsabilidad penal dolosa y omisiva a la vez respecto del aprovechamiento y favorecimiento indebido que realizó el expresidente este 27 de junio; pues dicha conducta no comprende un mero 'error' del sistema, como lo ha precisado el titular del Minsa", señaló el documento.
En la denuncia, Gonzales Tuanama indicó que "Martin Vizcarra, a la actualidad, ya va por su tercera dosis, gracias a la autorización del titular de este gobierno, la premier y el ministro de Salud, quienes pareciera que poco les importa la cantidad de personas que esperan su primera dosis y prefieren seguir favoreciendo a sus aliados en actos de corrupción, quienes aprovechándose de sus altos cargos, casi 500 personas fueron beneficiadas de manera irregular y de manera secreta con la inmunización contra la COVID-19".
Por ello, eso está estipulado como delito de peculado doloso "ya que los denunciados Francisco Sagasti, Violeta Bermúdez y Óscar Ugarte con los cargos de presidente de la Republica, premier y ministro de Salud utilizaron los efectos de los caudales (dinero de los peruanos) que administran para beneficiar a un tercero que resulta ser Martin Vizcarra Cornejo".
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"El accionar del Gobierno, constituye entre otros delitos, una seria imputación por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales", finalizó el legislador. Asimismo, pidió que se ratifique las denuncias de inhabilitación de 10 años y se remita al Ministerio Público.
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