09/09/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El Poder Judicial condenó a seis años de prisión al actual viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Luis César Rivera Pérez, tras hallarlo culpable por el delito de negociación incompatible, en perjuicio del Estado, cuando ocupaba el cargo de gerente central de Aeropuertos CORPAC.
El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao demostró que el funcionario cometió el citado delito tras involucrarse indebidamente en los contratos que favorecieron a las empresas World Security and Services S.A.C. y Walkers Protection S.A.C. por S/1?761.878.
En el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Guzmán Vera Coronel probó que el hoy viceministro autorizó la contratación de las dos empresas y fraccionaron las órdenes de servicio por montos menores a 3 unidades impositivas tributarias (UIT), renovadas cada dos días entre marzo del 2013 y enero de 2014.
Al igual que el exgerente general de CORPAC, el Juzgado impuso la misma sanción penal para Dhenis Gamth Cabrera Garrido; el administrador del aeropuerto de Cusco, Carlos Enrique Huaroto Gerónimo; el jefe de equipo de administración del aeropuerto, Jorge Antonio Herrera Alcoler; y el gerente de seguridad del aeropuerto, José Antonio Custodio Cáceres Montanchez.
Por su parte, el gerente general de la empresa World Security and Services S.A.C., Emilo Huamán Pérez, y el representante legal de Walkers Protection S.A.C., Henrry Smith Achaca Vergaray, fueron sentenciados en su calidad de cómplices del delito antes mencionado.
Ante el requerimiento de la Fiscalía, el juez dispuso, en adelanto de fallo, el pago solidario de S/ 1 255 420.00 (un millón doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veinte soles) como reparación civil a favor del Estado; la cancelación de 180 días multa (equivalente a S/ 2 052.00 cada uno) y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de seis años.
Cabe precisar que, por disposición del Poder Judicial, la ejecución de la pena ha quedado suspendida hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia y bajo la condición de pago de una caución de s/ 30 mil cada uno.
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