Lady Camones: El derecho a la protesta está siendo callado de manera arbitraria con la inmovilización social
En entrevista con Exitosa, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), consideró que el gobierno ha vulnerado el derecho constitucional a la protesta tras haber decretado inmovilización social para este martes 5 de abril en Lima Metropolitana y Callao, en el marco del paro de transportistas.
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Durante el diálogo con Karina Novoa en 'Informamos y Opinamos', la legisladora calificó de “improvisada” y “arbitraria” la medida anunciada ayer por el jefe de Estado minutos antes de la medianoche.
“Bastante incómodos, nos ha sorprendido esta decisión que el presidente tomó el día de ayer de una manera tan improvisada, sin evaluar los efectos de este decreto”, manifestó.
“El derecho a la protesta está siendo callado de manera arbitraria con este decreto. ¿Qué demuestran? Incapacidad...”, alegó.
Camones criticó que, hasta el momento, el Ejecutivo aún no ha explicado en qué se basó para decretar la inmovilización ciudadana. Por eso dijo esperar que el premier Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo sustenten los fundamentos hoy ante el pleno del Congreso.
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“Lo que nos sorprende más es que hasta el momento no se demuestra cuál es el sustento que ha generado (la inmovilización), prácticamente son comentarios, no hay un hecho o un documento concreto que sustente o avale esta decisión que ha perjudicado a muchísima gente”, señaló.
Respecto a un supuesto informe de inteligencia en que el que se advierte de intentos de saqueos masivos en Lima, la congresista de APP aseveró que el gobierno tiene la obligación de exponer el documento ante la representación nacional.
“Las decisiones a nivel Ejecutivo y Legislativo se tienen que tomar sobre hechos concretos. Hasta el momento conocemos que hay algunos congresistas que han pedido al premier el informe de la Policía para tomar la decisión de inmovilizar a todo Lima y Callao, entonces estamos a la espera de la respuesta”, precisó.
Acotó que la decisión del presidente sería inconstitucional si no se basó en hechos concretos, es decir, en investigaciones que fundamenten que hoy iba a haber un intento de saqueo en la capital, tal como lo ha mencionado el ministro de Educación, Rosendo Serna, y el congresista Jorge Montoya.
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