Gobierno envió al Congreso proyecto de ley para sancionar filtración de información reservada
Este miércoles, el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca sancionar con hasta 4 años de cárcel la filtración de información de una investigación penal, una iniciativa que desató una oleada de críticas de gremios periodísticos, que la consideran inconstitucional.
La propuesta legislativa, que plantea castigar la difusión de información reservada de una investigación penal, lleva la firma del presidente de la República, Pedro Castillo, y del primer ministro, Aníbal Torres, y fue enviada a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.
"La presente ley tiene por objeto incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, el cual busca salvaguardar la información reservada a la que tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales en general", se lee en el documento, difundido por la prensa local.
El texto agrega que el predictamen también "busca garantizar que los actos de investigación alcancen sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social".
En concreto, el proyecto establece que, si el responsable de la difusión de información fiscal es un imputado agraviado, abogado o representante legal de cualquiera de las partes, la sanción con pena privativa de libertad no será menor de 1 año ni mayor de 2.
En caso que la filtración sea cometida por un juez, fiscal o miembro de la Policía Nacional, la pena oscilará entre los 2 y 3 años de cárcel, mientras que si cualquiera difunde directa o indirectamente la información a través de los medios de comunicación, la condena no será menor de 2 años de prisión ni mayor de 4.
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