29/04/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La abogada Eliana Revollar Añaños asumirá como Defensora del Pueblo hasta que el Congreso de la República logre designar al nuevo titular, tras la renuncia al cargo de Walter Gutiérrez el último miércoles.
Mediante la resolución N° 005-2022-DP, publicada hoy en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, refieren que Revollar, que se desempeñaba en dicha entidad como Defensora Adjunta de los Derechos de la Mujer, asumirá el puesto desde este 30 de abril.
Además, “gozará de la inmunidad y prerrogativas previstas en el artículo 161° de la Constitución y ejercerá todas las competencias y potestades conferidas por ésta, así como por la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”, tal como indica el artículo 2 del dispositivo legal.
En esa línea, disponen que el renunciante Defensor del Pueblo devuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores el Pasaporte Diplomático N° D16004714, solicitando su anulación.
Cabe recalcar que Gutiérrez asumió la dirección de la Defensoría del Pueblo desde el 2016 y su gestión, según la normativa vigente, debía finalizar en setiembre del 2021. Sin embargo, no fue hasta el miércoles 27 de abril que presentó su carta de renuncia al cargo.
Demanda competencial
Como se recuerda, a través de una conferencia de prensa, Gutiérrez Camacho anunció que la institución presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una "demanda competencial por menoscabo" en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo.
“El Ejecutivo no ha cumplido, ni siquiera, con responder las recomendaciones de supervisiones, de informes que ha hecho la Defensoría. Y voy a poner solo dos ejemplos: Uno de ellos tiene que ver con la supervisión que hicimos sobre libertad de expresión e información. Y lo propio sucedió con nuestra comunicación sobre el cumplimiento del principio de idoneidad", detalló.
"Lo que estamos pidiendo al TC es que pida que el Ejecutivo cumpla con responder. No con una respuesta aparente sino que tenga el contenido de lo que demanda nuestro planteamiento”, precisó.
Para el aún funcionario, la omisión de la respuesta del Poder Ejecutivo “menoscaba la posibilidad de que la Defensoría cumpla sus funciones”. Por ello, explicó que si el Gobierno no responde, significaría una "infracción constitucional" por la que el jefe de Estado podría ser sancionado. "En nuestro modelo constitucional sí es posible acusar al presidente de la República", puntualizó.
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