30/04/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Este sábado 30 de abril, la abogada Eliana Revollar Añaños asumió el cargo de defensora del Pueblo de forma interina, tras la reciente renuncia de Walter Gutiérrez Camacho. La designación culminará cuando el Congreso de la República nombre a un nuevo titular.
La resolución Nº 005-2022-DP especifica que “gozará de la inmunidad y prerrogativas previstas en el artículo 161° de la Constitución y ejercerá todas las competencias y potestades conferidas por esta, así como por la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”.
Además, el documento detalla que la abogada, quien ya trabajaba en el órgano constitucional como defensora adjunta de los Derechos, fue designada en el cargo por el saliente defensor Walter Gutiérrez.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo presentó a Revollar Añaños como la actual encargada del organismo autónomo, quien quedará al mando de dicha institución desde hoy hasta que la Comisión Especial de la Junta de Portavoces elija a un nuevo encargado que se quedará en el puesto por un plazo de 5 años.
Cabe recordar que Gutiérrez asumió la dirección de la Defensoría del Pueblo desde el 2016 y su gestión, según la normativa vigente, debía finalizar en setiembre del 2021.
DEMANDA COMPETENCIAL
En conferencia de prensa, anunció que la institución presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una “demanda competencial por menoscabo” en contra del gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo.
“El Ejecutivo no ha cumplido, ni siquiera, con responder las recomendaciones de supervisiones, de informes que ha hecho la Defensoría. Y voy a poner solo dos ejemplos...Uno de ellos tiene que ver con la supervisión que hicimos sobre libertad de expresión e información...Y lo propio sucedió con nuestra comunicación sobre el cumplimiento del principio de idoneidad...Lo que estamos pidiendo al TC es que pida que el Ejecutivo cumpla con responder. No con una respuesta aparente sino que tenga el contenido de lo que demanda nuestro planteamiento”, precisó.
Además, para Walter Gutiérrez, la omisión de la respuesta del Poder Ejecutivo “menoscaba la posibilidad de que la Defensoría cumpla sus funciones”. Por ello, explicó que si el Gobierno no responde, significaría una “infracción constitucional” por la que el jefe de Estado podría ser sancionado.
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