27/05/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Los abogados constitucionalistas Angélica Sayán y Jorge Liendo enfatizaron que no hay medidas cautelares en una demanda de inconstitucionalidad contra una ley promulgada, por lo que la denuncia del Ejecutivo contra la ley Fonavi ante el Tribunal Constitucional (TC) -aseguran- no afecta el proceso de devolución de aportes.
Ambos constitucionalistas coincidieron que si los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), dan trámite a la medida, deberían emitir una sentencia a favor de los fonavistas debido a que el 2018, dictaron una sentencia ordenando la devolución de aportes.
“Como no hay medidas cautelares, el proceso de reembolso sigue su curso. El problema del Ejecutivo es que ha presentado su demanda, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, cuando la nueva Comisión Ad Hoc aprobó su plan operativo para ver la manera cómo consiguen los recursos y de qué manera será el pago”, comentó Sayán.
El Dato: Según refiere el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la demanda, bajo supuestos cálculos oficiales, la deuda con los fonavistas asciende a los 3835 billones de soles, lo que representa 50 veces más el PBI de China.
Añadió que la deuda que tiene el Estado con alrededor de dos millones de exafiliados se debe cumplir porque han sido víctimas de diversos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que les han dado la espalda, a pesar del antecedente que emitió el TC en el 2018.
Mientras Jorge Liendo resaltó que el Ejecutivo no puede hacer pasar el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) como si fueran recursos públicos. “Parece que se han olvidado de que el programa fue catalogado como aportes particulares y no debería afectar el tesoro público”, indicó.
Sostuvo además que el Congreso de la República tiene la tarea de garantizar una buena defensa ante el TC, cuando esta institución les remita la demanda y les de un plazo de 30 días para responder.
◼ Ejecutivo cumple amenaza
Ayer, el Ejecutivo cumplió su amenaza de llevar la norma al TC porque iría contra la Carta Magna. “Esta ley vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de la Hacienda Pública, el principio de equilibrio presupuestal y la prohibición de iniciativa de gasto por parte de los congresistas”, sostiene Luis Huerta Guerrero, procurador público en materia constitucional.
