Política

Congreso aprueba ley para inhabilitar a funcionarios corruptos en emergencias

Servidores públicos que incurran en delitos contra el Estado en situaciones de calamidad como esta pandemia serán castigados con 10 años de inhabilitación.
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20-03-2021

El Pleno del Congreso aprobó ayer la ley que plantea inhabilitar a trabajadores y funcionarios públicos que hayan cometido algún delito de corrupción en contra del Estado y la sociedad ejerciendo sus funciones, en el marco de una calamidad pública o emergencia sanitaria.

El Parlamento respaldó esta norma con 86 votos a favor, 12 abstenciones y 3 en contra.

El legislador Walter Ascona (APP), vicepresidente de la Comisión de Justicia, informó sobre la acumulación de los proyectos de ley 1134, 3425, 4933, 4953, 4998, 5041, 5051, 5114, 5269, 5389 y 5526, que proponen modificar los artículos del Código Penal, respecto de circunstancias agravantes derivadas de la comisión del delito durante épocas de emergencia.

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Asimismo, la ley sugiere dictar otras disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales, para esto estipula las circunstancias agravantes señaladas y el reordenamiento sistemático para este caso, entre otros aspectos.

La norma también prevé, para estos casos, la necesidad de modificar los artículos 38, 384, 387, 389 y 426 del Código Penal, para extender la inhabilitación de seis meses a 10 años, salvo los supuestos de incapacidad que se refieren otros artículos del código en mención, entre otras normas.

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Por último, otros aspectos de la autógrafa están relacionados al tema de la colusión simple y agravada, en relación con el delito del funcionario público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de compras y adquisiciones, concierta con los interesados para defraudar al Estado, siendo reprimido con penas privativas de libertad por diversas circunstancias y tiempo.

Por la educación a distancia

Además, el Congreso aprueba por unanimidad el dictamen del Proyecto de Ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la instalación de antenas de radio, televisión e internet para facilitar a niños, niñas y adolescentes de zonas rurales el aprendizaje a distancia de Yo Aprendo en Casa.