30/05/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El abogado constitucionalista Omar Cairo Roldán sostuvo que la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de disponer ampliar investigación preliminar contra el mandatario Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, resulta “impecable” desde el punto de vista constitucional. Al respecto dijo que la Carta Magna no prohíbe investigar al presidente con lo cual se está corrigiendo “un error lamentable”.
“El artículo 117 de la Constitución lo único que prohíbe es acusar al presidente durante su mandato, pero no prohíbe investigarlo, entonces, en tanto se realicen actividades en el marco de una investigación, pero que no se concreten en una acusación penal, la actuación de la Fiscalía de la Nación es válida”, explicó.
En ese sentido, Cairo Roldán consideró que la antecesora de Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, hizo mal al no abrir pesquisas contra el presidente, interpretando incorrectamente la norma, cuando nada se lo impedía legalmente, de acuerdo a la Constitución.
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“El presidente tiene una protección amparada en la Constitución que consiste en que no se le puede acusar penalmente, pero esa protección es a la vez una limitación al derecho a la tutela jurisdiccional penal de los peruanos, por lo tanto, no puede interpretarse extensivamente, debe interpretarse en sus propios términos; es decir, si dice acusar, entonces debe entenderse como el acto de formular una acusación y no como los actos previos a una investigación”, expresó.
El especialista explicó, además, que, bajo esas consideraciones legales, el presidente Pedro Castillo tendrá que ser acusado penalmente al culminar su mandato y no antes.
“La decisión de acusar penalmente, si el caso así lo ameritaría al finalizar la investigación, solo se puede plantear el 29 de julio del 2026”, precisó Cairo Roldán tras aclarar que el Congreso no podría solicitar la vacancia presidencial argumentando incapacidad moral contra Castillo por el solo hecho de ser investigado por los delitos antes mencionados, pues así no está estipulado en la Constitución.
Cairo explicó, también, que la acusación penal tendría que ser primero presentada ante el Congreso para que Castillo sea sometido a un antejuicio en esa instancia.
“El presidente tiene el privilegio del antejuicio hasta cinco años de terminado sus funciones. Será el próximo Congreso que vea eso”, manifestó.
Defensoría destaca ampliar investigación
La Defensoría del Pueblo consideró como “importante” la decisión de la Fiscalía de la Nación de ampliar investigación contra el presidente Pedro Castillo “por su presunta participación en una organización criminal y la posible comisión de actos de corrupción en el sector transporte durante su gobierno”.
A través de un comunicado, la institución indica que se debe “continuar con actos de investigación” a fin de que se pueda determinar la responsabilidad de los involucrados “y evitar la impunidad”.
No obstante, la Defensoría sostiene que “es necesario reexaminarla a la luz de una interpretación de la Constitución más acorde con el deber constitucional de combatir la corrupción y la plena vigencia del nuevo modelo procesal penal en el país”.
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