OPINIÓN | Jorge G. Solís: El problema es la ausencia de políticas de Estado

El modelo económico refrendado por la Constitución Política del Perú de 1993 es de una Economía Social de Mercado, entendida como un sistema que defiende la libertad de la iniciativa privada y, al mismo tiempo, admite que el Estado tiene intervenció n para procurar el bienestar de la población. Es el tercer camino entre el capitalismo y el socialismo.

Ludwing Enhard es el padre de la economía social de mercado; sin embargo, quienes aportan más a los fundamentos de esta corriente son Alfred Muller Armack y Ludwin Erhard, quienes la definen como “el combinar el principio de la libertad con el principio de la compensación social”. La Constitución Política del Perú le asigna al Estado un rol orientador y promotor de la economía, siendo su función primordial atender la salud, educación, seguridad social y promover el empleo, por ser derechos fundamentales de las personas, cuya atención está orientada a procurar una sociedad de bienestar.

También reconoce el pluralismo económico; es decir, la coexistencia de la propiedad pública y privada y las diversas formas de organización empresarial; en ese contexto, el Estado puede realizar actividad empresarial cuando la ley lo autorice.

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Pero el modelo económico no solo es parto del Congreso Constituyente de 1993 y la expresión de dicho contrato social; sino, además, fue ratificado por el Acuerdo Nacional como el 22 de Julio de 2002 - ACUERDO 17, bajo el siguiente tenor: “nos comprometemos a sostener la política económica del país, sobre los principios de la economía social de mercado, que es de libre mercado, pero que conlleva al poder insustituible de un estado responsable, promotor, regulador y subsidiario, que busca lograr el desarrollo humano y solidario del país, mediante un crecimiento sostenido con equidad social y empleo”.

El Acuerdo Nacional representa a la sociedad en su conjunto: partidos políticos, sociedad civil, empresarios, Conferencia Episcopal, colegios profesionales, coordinadora de frentes regionales, gobiernos regionales y locales, gremios, exponentes de la ciencia y la cultura, etc. De manera que tiene plena legitimidad y ancha base. El problema no es el modelo, ni la ausencia de derechos.

Las graves fracturas económicas y sociales son causa de la ineficiencia de los gobiernos, de la ausencia de políticas de Estado que impulsen el desarrollo humano y el bienestar de la población; y, en grado superlativo de la corrupción. Las políticas aplicadas han sido excluyentes de las mayorías, el crecimiento macroeconómico no se ha reflejado en la base de la pirámide; por ello, es imperioso reorientar el modelo hacia una economía social de mercado inclusiva y eso no pasa por el cambio de la Constitución.

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