OPINIÓN | Mario Amoretti: "No permitamos que mueran más personas y la democracia en el país"
Los medios de comunicación nos informan que en abril hemos batido récord en decesos, contagios, hospitales y cementerios colapsados en el país; mes que no queremos recordar, nos aqueja una enorme tristeza y profundo dolor, al haber sufrido de manera directa, el fallecimiento de tres chinchanos, uno de ellos mi primo hermano, Hugo Cuzcano Vera, ingeniero de reconocida trayectoria internacional y nacional, -era el hermano que no tuve-; Miguel Veliz y Lauro Muñoz, grandes amigos. Estas triste pérdidas nos han causado un profundo dolor, no debieron morir si se hubieran adquirido oportunamente las vacunas, no la Sinopharm que ahora se dice que son efectivas, pero quienes se la han aplicado dos veces, como Vizcarra y otros -inclusive con fallecimiento- están padeciendo de COVID-19. En Perú se pide certificación de eficacia. Hace más de un año que dicho expresidente implementó la cuarentena más dura en el mundo, ocasionando una crisis sanitaria y económica desastrosa.
Porque no se compren pruebas moleculares, como sugieren los especialistas desde hace más de un año, a fin de constatar si una persona tiene COVID-19 y disponer su aislamiento, para evitar que contagie a otras y su tratamiento, algo tan simple; pero prefirieron adquirir las rápidas, por razones nada santas, con resultados tan funestos y dolorosos, pero a los responsables, no les pasa nada. Se adquirieron vacunas chinas tardíamente y se ha comprobado, que no tienen la efectividad de otras, pero, lo más grave, no sabemos cuánto se han pagado, al considerar “secreto de Estado” y los fiscalizadores no hacen nada sobre este gran fraude, en contra de la salud y la vida de miles de peruanos. Nos prohíben salir los domingos, día de la madre; sin embargo, los adultos mayores deben viajar en buses para vacunarse este domingo, se llevan a cabo diariamente mítines y otras acciones, donde se prolifera el contagio, son medidas y decisiones políticas y no sanitarias e ilógicas.
La comunidad jurídica debemos estar alerta, ante anuncio de desactivación del Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo -ahora mejorarla-. Un referéndum para convocatoria a Asamblea Constituyente a fin de elaborar nueva Constitución y no revocar mandato congresal. Fiscales y jueces se vayan a su casa; y, sus reemplazantes los elija el pueblo. El Tribunal Constitucional, encargado de defender al ciudadano -entre otros- de arbitrariedades de autoridades. La Defensoría del Pueblo, entidad autónoma, defensor de los derechos fundamentales y constitucionales de las personas. Los jueces fiscales, reemplazados por “nuevos” para que administren justicia y podrán revisar sentencias condenatorias de gobernadores corruptos, para que se les declare inocentes y salgan en libertad, todo ello, es un grave atentado a la democracia.
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