11/12/2020 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
En la columna de ayer mencionábamos que el gobierno, o la Oficina de Normalización Previsional deberán cumplir con la devolución de aportes hasta por S/4,300 a los afiliados a la ONP, establecida en la ley que el Congreso de la República aprobó por insistencia, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie por la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo, salvo que se recurra a alguna argucia legal para no pagar.
De inmediato, ayer el Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite la demanda del Ejecutivo y encargó la ponencia al magistrado José Luis Sardón de Taboada. Según el procedimiento, el TC notificará al Congreso y este tendrá 30 días hábiles para contestar el recurso presentado por el gobierno.
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, quien votó a favor de la ley cuando estaba en el llano y ahora en su nuevo cargo cambió de opinión, adelantó que el Legislativo responderá “lo antes posible” para que estos hechos se judicialicen rápidamente y el TC pueda absolver las dudas.
Y en los medios ya conocidos, continuó el huaico de opiniones en contra de la ley y la seguidilla de críticas a los congresistas que votaron a favor. El objetivo, es obvio. Quieren agilizar todo para que no se cumpla la ley en el tiempo que se tome el TC para pronunciarse. O por el lado de la ONP y el Ministerio de Economía, se puede dar el caso de dilatar los plazos para no pagar. ¿Y qué pasa con los aportantes? Como lo dijimos ayer, nadie se preocupa de ellos. Nadie dice cómo ayudarlos a paliar la crisis y el hambre que hoy sufren por efecto de la pandemia.
Todos dicen que la ley es inconstitucional, pero nadie menciona que el Estado se quedó con el dinero que aportaron los afiliados y hoy no tienen derecho a nada porque no cumplieron los 20 años de aportaciones. Cuántos jubilados han fallecido en todos estos años sin haber cobrado siquiera una pensión, porque la ONP prefirió gastar millones en abogados para no pagarles.
Dicen que no hay plata, pero cuando los afiliados se pasaron al sistema privado de pensiones, la ONP les devolvió su dinero mediante el bono de reconocimiento que se lo dieron a las AFP. Para eso sí hubo dinero. Entonces sí se podía devolver.
Escuchaba ayer a un economista una idea suelta que podría ser una salida para el Ejecutivo a fin de cumplir con la devolución del dinero que les pertenece a los afiliados de la ONP, porque es su plata que mal administró el Estado: La emisión de bonos soberanos a largo plazo. ¿Puede ser esa una alternativa para no afectar la caja fiscal? Esperemos respuesta de los especialistas y del mismo gobierno.
