OPINIÓN | Katherine Ampuero: "¿Quién investigará al presidente de la República?"
La semana pasada, el Fiscal Superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, solicitó a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, amplíe sus competencias para que el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial, investigue los presuntos hechos de corrupción (cohecho y colusión) en las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua realizadas cuando Martín Vizcarra, presidente de la República, era gobernador regional de Moquegua, hoy sindicado por cinco aspirantes a colaboradores eficaces de haber recibido pagos ilícitos de empresarios a cambio de beneficiarlos con las adjudicaciones de esas obras.
Sin embargo, la Fiscal de la Nación rechazó la ampliación de competencia solicitada por el equipo especial indicando que esta la tiene el subsistema especializado anticorrupción, ya que en ambas obras mencionadas no participó ninguna de las empresas brasileñas vinculadas al caso Lava Jato, como Odebrecht, OAS, Queiroz Galvao, entre otras, las cuales sí son parte de la competencia del equipo especial, tal y como pasó en la investigación de la obra carretera San José de Sisa, vinculada con presuntos hechos de corrupción del exgobernador y expremier César Villanueva, obra en la que sí estaba involucrada la empresa Odebrecht y en donde el equipo especial asumió competencia sin necesidad de habérselo pedido a la Fiscal de la Nación.
Lamentablemente, la respuesta de Zoraida Ávalos no ha evitado que los fiscales Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, y Elmer Chirre, del subsistema anticorrupción, de manera independiente y autónoma, vengan conociendo las investigaciones y disponiendo, cada uno por su lado, la realización de actos de investigación de acuerdo a su propia estrategia, lo cual está originando duplicidad de diligencias con el riesgo de adopción de medidas que con el tiempo terminen entorpeciendo el avance de las investigaciones y, con ello, la averiguación de la verdad.
Asimismo, esta controversia también está vulnerando normas del debido proceso, como el ne bis ídem procesal que impide que cualquier persona sea investigada por dos o más fiscales por los mismos hechos, situación que además vulnera el derecho de defensa de los investigados quienes no saben ante qué fiscal rendirán sus declaraciones, presentarán documentación o solicitarán la realización de actos de investigación a favor de su defensa.
En este contexto, el fiscal Juárez Atoche, quien además está a cargo de los procesos de colaboración eficaz de los aspirantes que sindican al primer mandatario, ha dispuesto recabar la declaración del presidente Vizcarra, en su calidad de investigado, para el próximo 3 de noviembre. Sin embargo, creemos necesario, antes de que eso suceda, que la Fiscal de la Nación aclare la competencia de qué Fiscalía asumirá la investigación preliminar contra el jefe de Estado, empresarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua que resulten implicados en los presuntos hechos de corrupción en las obras Lomas de Ilo y hospital de Moquegua.
El pronunciamiento de la máxima autoridad del Ministerio Público no debe hacerse esperar teniendo en cuenta no solo la solicitud realizada por el fiscal coordinador del subsistema anticorrupción, Omar Tello, sino por la relevancia y el evidente interés nacional al tratarse del más alto funcionario del Estado.