Opinión | Jorge Solís Espinoza: ¿Por qué fracasan las empresas del Estado?
Hace un tiempo atrás, escribí en esta misma columna sobre la noticia del gasto de S/8.76 millones para promover la nueva imagen de PETROPERÚ en consultoría, servicios en agencias publicitarias, para cambiar el logotipo e implementación de la nueva imagen en estaciones asociadas a la empresa, lindan con la estulticia y el despilfarro, sobre todo en tiempos de austeridad por la coyuntura económica y social, no pasaría de ser un repudiable hecho anecdótico, si no fuera una constante en el manejo de la cosa pública.
Entonces, surge la pregunta ¿por qué fracasan las empresas del Estado? Acaso el Estado es un mal empresario. En principio, el Estado es un abstracto, per se. No puede ser bueno ni malo, son las personas las que gestionan las empresas. El drama es que en el Perú las empresas del Estado han servido para el clientelismo político, de caja chica para pagar favores y para la corrupción.
Continuando con PETROPERÚ, el MEF autorizó en el mes de mayo, por Decreto Supremo N°010-2022 un rescate financiero de US$ 750 millones y recientemente S/4,000 millones como aporte capital y US$ 500 millones que debe otorgar el Banco de la Nación, como capital del trabajo, lo que implicará que todos los peruanos paguemos la factura de una empresa inviable y llevemos a cuestas el precio de la improvisación, el desgobierno y latrocinio.
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Como regla general en un país con instituciones políticas débiles, poderes mediatizados y corrupción estructural, las empresas del Estado no funcionan, salvo honrosas excepciones, por su modelo empresarial.
El Estado debe cumplir un rol promotor del desarrollo de la economía, siendo su rol y participación esencial en salud, educación y prevención social en coparticipación complementaria con otros modelos previsionales; debiendo como norte la construcción de un Estado de bienestar, la misma que debe soportarse en una economía social de mercado inclusiva, que cierre las brechas de desigualdad.
No es bueno más Estado, lo que se requiere es más presencia del Estado; los modelos de Estado intervencionistas, elefantiásicos, no han funcionado. Apostamos a un Estado robusto, eficiente, meritocrático, con sentido de equidad y justicia.
La Constitución Política del Perú define el modelo económico con ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO; lo que falta es conceptualizarlo como una ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO INCLUSIVA, no necesitamos cambiar nada, ese carácter no define las políticas pública.
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