Opinión | Javier Zúñiga: La pobreza en el Perú
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), indicó que en el 2021 el índice de pobreza monetaria ascendió a 25.9%, equivalente a 8 millones 556 mil personas. Esta cifra es menor en 1.3 millones a la del 2020, pero es superior en 20.2% a la alcanzada en el 2019.
La demora en retornar a los niveles de pobreza, por lo menos, a niveles de pre pandemia, tiene como origen a las políticas actuales, de corte populista, que más que ayudar a mitigar la pobreza la están impulsando más.
Observemos, en primer lugar, el deterioro del empleo nacional. Según el último reporte de empleo nacional del INEI, alrededor de 17.5 millones de personas en el primer trimestre del 2022 se encontraron laborando, lo que equivale a un incremento de 7.3% respecto del año 2021.
De estos resultados se puede suponer que el resto de la población se encontrará laborando por salarios menores al mínimo vital. Es decir, el reciente aumento de la remuneración mínima vital (RMV) solo podría ayudar, a los 4 millones de empleados formales.
Muchas de estas personas empleadas, se encuentran subempleadas (8.2 millones de ocupados), las cuales no verían los S/1,025 de la actual RMV. La población pobre, básicamente trabaja en la informalidad y no sería beneficiada por el aumento de la remuneración mínima o del retiro voluntario de los fondos de las AFPs. En esta situación, la ejecución de las inversiones sería el salvavidas de esta población en el actual entorno en el que nos encontramos.
De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada, no tendrá crecimiento este año; mientras que en la inversión pública se prevé un crecimiento de 2.1%. El deterioro de las inversiones se debe, en gran medida, a la inestabilidad política y al deterioro de la confianza empresarial.
El conflicto entre Rusia y Ucrania afecta a la inflación nacional y en cierta medida a las inversiones; es papel del Estado transmitir confianza sector privado para que invierta en el país. Es más, la menor producción minera por el abandono del Estado a los campamentos mineros y a la población aledaña tendrá como consecuencia un menor ingreso tributario.
La población pobre sería la más perjudicada, lamentablemente, por la ausencia del Estado y la incompetencia de algunos miembros del ejecutivo. Con este panorama, no nos sorprendería observar un nivel de pobreza superior al 25.9% en el presente año.
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