31/10/2020 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Actualmente la pandemia del coronavirus ha paralizado la actividad económica en los últimos meses, lo que ha llevado a un notable retroceso de nuestra producción nacional a niveles de los obtenidos en el año 2015. Mientras se busca reactivar la economía aparentemente existe un conjunto de intereses propios que, más que ayudar, estarían frenando a la economía y a la lucha contra la corrupción.
En el último reporte de Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se muestra que un 60.6% de la población encuestada considera que la corrupción se convierte en el principal problema que vive el país, seguido por la delincuencia con un 41.8% y la pobreza con un 17.8%.
Sin duda, los efectos de la corrupción en la economía peruana no son insignificantes. En junio del presente año el Contralor General de la República, Nelson Shack, informó que la corrupción en el 2019 le ha costado al país alrededor de S/ 23,300 millones, lo que equivale a un 10.1% del PBI nacional.
La lucha contra la corrupción, sin lugar a dudas, no debe parar por ningún motivo; sin embargo, la incertidumbre política generada en el Perú tiene un efecto no solo en la toma de decisiones de las familias peruanas, sino también en las decisiones de inversión de las principales actividades económicas y en mayor proporción de las potenciales inversiones que proceden del exterior.
En este sentido, distintos medios de comunicación han estado realizando notas periodísticas respecto de supuestos indicios de que el presidente de la República haya recibido sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua; estos indicios generan incertidumbre política que tiene efectos directos en la economía.
Un reciente estudio de opinión realizado por Ipsos, muestra que el 78% de los encuestados están de acuerdo que el presidente continúe con su labor y que las investigaciones se realicen al concluir su mandato, opinión que difiere abiertamente el actual Congreso.
La parte política del país no visualiza con claridad el riesgo económico que genera la lucha contra la corrupción. Desde que apareció el caso Odebrecht, el Perú demostró que a pesar de tener fundamentos macroeconómicos sólidos el crecimiento se afectó y pudo ser mayor pero solo se lograron un 2.5% en el 2017, 4.0% en el 2018 y 2.2% en el 2019.
