OPINIÓN | Carlos Jaico: "Recompensa para el denunciante ético en la función pública"

Desde la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Perú ha venido adaptando su legislación para proteger al denunciante ético, de manera a combatir la corrupción en el país. Así, en el ámbito penal, el Nuevo Código Procesal Penal, en sus artículos 247 al 252, regula las medidas de protección aplicables a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en los procesos penales. Igualmente, en el ámbito administrativo, la primera legislación fue la Ley Nº29542 de la Contraloría General de la República, llamada Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. Luego vendría el Decreto Legislativo Nº1327, con las medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción, sancionando las denuncias realizadas de mala fe. Sin embargo, el sistema de protección del denunciante ético obra de manera dispersa. Esto hace que el denunciante se vea sumergido por normas y reglamentos al lenguaje difícil y desmotivador. Esta dispersión y la complejidad de las vías de denuncia desmotivan, sin duda, la participación del candidato a denunciante ético. Es fundamental, entonces, una política de Estado dirigida a difundir las normas para que los denunciantes pierdan el temor.

Asimismo, pese a que el denunciante ético en la función pública actúa para salvaguardar un bien jurídico, sin perjuicio de la obligación de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código de ética (artículo 11, Ley 27815), es importante considerar la introducción de recompensas por su denuncia. La razón es que el denunciante ético, tanto como las amenazas, teme principalmente la pérdida de su trabajo y remuneración. Este sistema funciona ya en el sector privado. Es así que Indecopi, basándose en la Ley de Libre Competencia, ha abierto su programa de recompensas para las personas que brinden información para detectar, investigar y sancionar cárteles. Así, dependiendo del cártel investigado y el nivel de colaboración prestada, se le otorga hasta 400,000 soles como recompensa.

Esta práctica ya funciona en Estados Unidos de Norteamérica, donde el gobierno recompensa a los denunciantes con un porcentaje del dinero recuperado, como resultado de su información. Así, los denunciantes pueden recibir como recompensa, entre 10% hasta 30% de los montos recuperados.

Proteger y otorgar recompensas a los funcionarios públicos, permitiría ampliar el número de denuncias éticas, en favor de una lucha frontal contra la corrupción.

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