OPINIÓN | Carlos Jaico: Las fases de una organización criminal
La presunta organización criminal (OC) del artículo 317 del Código Penal peruano, imputada según la fiscalía a Pedro Castillo y a su gabinete en la sombra, habría podido desarrollarse en tres etapas. La primera etapa correspondería a la fase de actos preparatorios, que va desde el 6 de junio -fecha de la segunda vuelta- hasta el 28 de julio 2021.
Es posible que hayan tenido el animus doli antes de esta fecha, pero la incipiente OC se habría confirmado desde que ganaron la segunda vuelta y los actos de transferencia de gestión en los ministerios. Las conversaciones y distribución de roles entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco serían elocuentes al respecto.
La segunda fase sería la de ejecución del plan delictivo. Esto a diferentes niveles y de manera directa, con conocimiento y órdenes a sus subordinados, o de manera indirecta al empoderar a personajes (familiares, empresarios o funcionarios) que habrían “tomado su nombre”. Esta fase de ejecución de los delitos habría terminado el 19 de noviembre 2021, día de la diligencia fiscal en Palacio de Gobierno, donde se encontraron 20 mil dólares a Bruno Pacheco.
En esta fase, existiría una repartición de tareas o funciones y cada integrante asume su rol, sea por instrucción directa o por voluntad propia. También, el cabecilla no necesariamente debe conocer los detalles de la comisión de los delitos, pero sí aceptar el resultado.
La tercera fase sería la llamada de defensa y ataque o, según la jurisprudencia, de auto conservación. En esta fase, la OC busca la impunidad a través de sus redes de protección, el secretismo (proyecto de ley para penalizar filtraciones de la Fiscalía), la clandestinidad (fuga de los presuntos implicados), el silencio procesal o sus vinculaciones políticas.
Asimismo, se pueden integrar nuevos miembros a la estructura preexistente, para los actos de encubrimiento. Así, la OC estaría usando los medios a disposición (ministros, funcionarios, asesores, abogados o congresistas) para obstruir la labor de la justicia, eliminar pruebas (por ejemplo, pérdida de información de cámaras de vigilancia), amenazar, calumniar, denunciar falsamente o apartar (con súbitos despidos) a los que consideran sus enemigos.
Estos ataques también estarían dirigidos a los colaboradores eficaces o a las autoridades como la Fiscal de la Nación, a quien se intentó desacreditar por una burda maniobra de un funcionario del despacho presidencial.
Corresponde ahora a la Fiscalía de la Nación investigar esta estructura delictiva, en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos.
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