16/11/2021 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El Poder Judicial informó que se da por concluida el nombramiento del juez Rafael Martínez, quien se encarga del caso de esterilizaciones forzadas en el que se encuentran involucrados el expresidente Alberto Fujimori y los exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y más.
Cabe señalar que, a los investigados se les acusa del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de lesiones graves seguida de muerte, en el marco de violación de los derechos humanos, debido a que varias mujeres murieron y sufrieron daños físicos por la intervención quirúrgica.
Según el documento de la demanda fiscal, Martínez deberá terminar la lectura de su resolución sobre los acusados por el caso, luego de siete audiencias donde se determinará si se realizará un proceso penal o se archivará la denuncia. Luego del análisis del caso y de la decisión del letrado, el juez Littman Ramírez ingresará en su reemplazo.
Es preciso mencionar que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los documentos que las pacientes firmaron para ser esterilizadas no fueron redactados en quechua, ni se respetó su idiosincrasia familiar y religiosa; por ese motivo, estos serían evidencia de los actos que se realizaron durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
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Por su parte, las víctimas y activistas de los derechos de las mujeres consideran que esta medida ocasiona un grave riesgo para el acceso a la justicia y es un maltrato “por causar sufrimiento y angustia en la larga lucha y espera por verdad, justicia y reparaciones integrales”.
“Esta resolución de cambio de juez en el caso de esterilizaciones forzadas a pesar de lo dispuesto en el artículo 4 de la misma, abre un grave riesgo para los derechos de las víctimas a la verdad y el acceso a la justicia en plazo razonable, con celeridad, debida diligencia reforzada y no discriminación de las más de 1,300 mujeres víctimas denunciantes de esterilizaciones forzadas sistemáticas”, indicaron desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).
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