22/10/2020 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
Este día, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 no es obligatoria. Recalcó que los ciudadanos tendrán la autoridad de decidir -cuando sea el momento- si se las colocan o no.
“Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan”, señaló la titular del sector salud en medio de su exposición ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. Tal como lo indica el comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), la titular del sector aseguró que a la fecha no ha presentado ninguna solicitud para que la aplicación de la vacuna sea de carácter obligatorio.
Detalló que lo único que realizó el Ejecutivo es presentar un proyecto de ley para que el registro de las vacunas de emergencia sea a condición, por un año, de tal manera que si existen evidencias que demuestren su poca efectividad o seguridad, se puedan cancelar.
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El Minsa autorizó el pasado 16 de octubre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En el documento se determina que, cuando esté utilizable la vacuna contra la enfermedad, esta será adjudicada en tres fases con el fin de inmunizar a 22´219.037 personas.
La fase I contará con la inclusión de trabajadores de salud del sector público y privado, personal de las Fuerzas Armadas y policiales, bomberos, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza, estudiantes de la salud y miembros de las mesas electorales.
En esta etapa de vacunación se trabajará en sedes de entidades sanitarias y en las instituciones policiales y militares donde se desarrollan las fuerzas del orden.
La fase II estará formada por adultos mayores, personas con comorbilidad, personal del Instituto Nacional Penitenciario y personas privadas de la libertad y la población indígena o nativa.
Esta se efectuará en los servicios de atención ambulatoria de los establecimientos de salud o en locales públicos, puestos estratégicos de vacunación ejecutados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y los centros penitenciarios.
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