Defensoría rechaza que presidente Castillo no observara el proyecto de ley que vulnera educación sexual

La Defensoría del Pueblo publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el que rechaza que el presidente de la República, Pedro Castillo, no observara el proyecto de ley 904, "que condiciona publicación de material educativo a consentimiento de madres y padres e impediría la implementación de la educación sexual integral".

Según señaló la entidad, con la inacción del jefe de Estado se está incumpliendo el deber constitucional de respetar y proteger el derecho a la educación de niñas/os y adolescentes, así como las obligaciones internacionales, las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y diversas políticas que responden a obligaciones establecidas en instrumentos internacionales de derechos humanos.

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En ese sentido, consideró que esto genera un grave retroceso porque se impactará negativamente en la elaboración de los materiales educativos.

"Este es un factor muy importante para alcanzar la calidad en la educación, a la que tienen derecho las y los estudiantes", agregó.

De igual manera, recordó que en varias oportunidades se advirtió que el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de los progenitores constituiría un peligroso precedente para todas las políticas públicas, ya que se institucionalizaría un derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios.

Además, resalta que se desconocería el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) para cumplir su mandato de definir la política educativa y pedagógica nacional, pero sobre todo lo limitaría en la definición de los contenidos educativos.

"Con esta grave omisión, se da la espalda a los duros problemas que afectan a la niñez y adolescencia, como el embarazo precoz, la violencia sexual y la discriminación", alerta la Defensoría.

También advierte que, si se promulga esta ley por insistencia en el Congreso de la República, se estaría desconociendo que la educación sexual integral (ESI) contribuye a reducir el embarazo precoz, además de promover la igualdad de género, reducir o prevenir la violencia basada en el género, y crear entornos de aprendizajes seguros e inclusivos.

La Defensoría del Pueblo requirió que el Parlamento desista de la promulgación de esta ley y respete el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

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