Mónica Yaya: “El Gobierno debió aplicar penalidad por pruebas rápidas falladas”

Mónica Yaya, expresidenta de OSCE, se pregunta por qué no se apela a argumentos legales para reclamar por material defectuoso.
18 Octubre, 2020
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Pese a que hace más de una semana se hizo la denuncia por la compra de 300 mil pruebas rápidas que fueron adquiridas para detectar a los infectados con Covid-19, pero gran parte de ellas se detectaron que estaban defectuosas, hasta ahora las autoridades no activan la penalidad que ampara al gobierno contra la empresa.



La expresidenta del tribunal del Organismo Supervisor de Compras Estatales (OSCE), Mónica Yaya, dijo que a estas alturas ya se debieron activar las penalidades que amparan al gobierno por el material defectuoso que Diagnostica Peruana vendió de la empresa china Select Biotechnology.

Para Yaya, hay argumentos legales para hacerle frente. “¿Por qué no se hace?, el tiempo pasa y todo ello abona para que la empresa elabore distintas estrategias para dilatar más este proceso”, indicó en Exitosa Perú en su edición dominical.


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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya desembolsó 500 mil soles. Aún faltan entregar 57 mil pruebas. ¿Cuánto cuesta este faltante? Si cada prueba tiene un costo aproximado de 29.9 soles. Al final, el Estado debe pagar un millón 704 mil 300 soles.

Para el experto en contrataciones del Estado, Joselo Trelles, “el solo hecho de haber distribuido las pruebas serológicas, que resultaron defectuosas en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS), obliga al Estado a tener que pagar las mismas”. 

Siguieron contagiando

El epidemiólogo César Cárcamo consideró que al adquirir una prueba menos sensible, resulta peligrosa ya que la persona se va confiando que está sana, pero sigue contagiando. “La peor situación se genera cuando las pruebas son de este grado sensibilidad 57%. De 300 mil pruebas, 226 mil arrojaron enormes fallas, es decir el 80% de la tercera entrega”, refiere.