OPINIÓN | Jorge Solís: “Resulta injusto que los ciudadanos de a pie subvencionemos a los bancos”

"Diseñar e implementar esquemas de apoyo en un contexto de crisis requiere miradas más específicas a la realidad del trabajo".
16 Octubre, 2020
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Leía días atrás un artículo periodístico de Richard Web, señalaba, con mucho acierto, entre otras cosas “…el éxito de las estrategias de apoyo y reactivación dependerá del realismo y del conocimiento en el que se basen. Las fórmulas heredadas como las del “capital humano“ o “formalidad” sirven para el discurso político y para la carrera académica. Pero diseñar e implementar esquemas de apoyo en un contexto de crisis requiere miradas más específicas a la realidad del trabajo. Un aprendizaje inesperado que está resultando de esta crisis”.


A la sazón, en mi columna anterior planteaba que la ley 31050, de reprogramación y congelamiento de deudas, alcanzaría, en el mejor de los casos, solo a las mypes bancarizadas que representan el 6% de este segmento. Estas empresas, que han sido las más golpeadas por la coyuntura sanitaria, con graves consecuencias económicas, necesitan un apalancamiento financiero, destinado a capital de trabajo, de por lo menos 15 mil millones. Una medida de esa naturaleza ayudaría a sostener cientos de miles de empleos que genera el sector informal, 70% de la PEA; asimismo, evitaría acercarnos al horroroso incremento del 10% de pobreza en el país.

La otra cara de la ley 31050 promueve que los ciudadanos de a pie subsidiemos a los grandes bancos; en efecto, las reprogramaciones con garantía del gobierno por 5,500miillones de soles, comprende créditos de consumo, personales, vehiculares, hipotecarios y mype; solo para tocar un aspecto, me voy a referir a los créditos de consumo. Las 2 empresas financieras con mayor participación representan el 94% del saldo de créditos de consumo; los bancos concentran el 88% de clientes de tarjetas de crédito y las entidades financieras no bancarias el 12%. Aproximadamente el 30% de deudores tarjetahabientes de los bancos tiene deudas que no superan los S/10,000; siendo así, sus obligaciones están coberturadas por el gobierno.


He ahí la cuestión; si bien es cierto, que la medida permitirá aliviar la situación crediticia de las familias, lo que es bueno y necesario, no obstante, resulta injusto e inequitativo que los ciudadanos de a pie subvencionemos a los bancos que han acumulado al mes de agosto
2,500 millones de utilidades en lo que va del año; de suyo, tienen espaldas suficientes para asumir este propósito sin costo del Estado.

Hubiera sido mejor destinar estas garantías íntegramente a las entidades microfinancieras para aliviar sus carteras; ojalá que el reglamento de la ley equipare las cosas, para no repetir la historia de otros programas recientes