Salaverry busca que no lo suspendan 120 días

Jueza liberteña verá si admite otra medida cautelar contra comisión congresal. Si legisladores no atienden el pedido judicial “incurrirán en responsabilidad penal”.
12 Junio, 2019
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Desde el 5 de junio pasado, poco después que presentó una acción de amparo, el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, formalizó la solicitud de la medida cautelar ante el Poder Judicial para detener el proceso de suspensión por 120 días e impuesta en su contra por la Comisión de Ética del Congreso.

El nuevo recurso judicial complementa la acción de  amparo admitida por la jueza Tatiana Pedemonte, del Noveno Juzgado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad contra los
integrantes de la Comisión de Ética del Congreso, quienes votaron a favor de su suspensión congresal el pasado lunes 3 de junio. Ambos recursos fueron presentados en La Libertad.
Si es que la medida cautelar es aprobada, la jueza a cargo podría detener el proceso sancionador contra Salaverry hasta que se decida sobre la acción de amparo interpuesta. Esto podría tomar más tiempo antes que culmine la pre­sente legislatura.

El trámite que seguirá esta nueva acción judicial será que se solicita a la Comisión de Ética Parlamentaria y al Congreso de la República que “se suspendan los efec­tos de la resolución” por lo que se deberá “ordenar se abstenga de continuar con la tramitación”.

Es importante recordar que al conocerse la acción de amparo presentada por Salaverry contra la presi­denta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (PPK), dijo que si el Poder Judicial opta por darle la razón “no tendría sentido” que el gru­po de trabajo continúe por lo que debería “disolverse”. Incluso dijo que “de apro­barse dejaría el proceso tal cual está y no se podría dar un paso más adelante hasta que se decida sobre la ac­ción de amparo que puede durar meses o años”.

De igual manera que la votación a favor de la po­sible sanción recayó solo en integrantes de las agru­paciones políticas Fuerza Popular y Apra tras el aban­dono del lugar de los con­gresistas de APP, FA y NP.

Se cuestionó la posición que marcó la presidenta del grupo de trabajo, que deci­dió apoyar el informe técni­co elaborado y abstenerse a la votación como medida de respaldo a las conclusio­nes que había llegado del caso de Daniel Salaverry.

 

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