Caso Puente Tarata | PJ dictó comparecencia con restricciones a Karelim López

La empresaria, entre otras medidas, no podrá cambiar de residencia ni comunicarse con otros investigados y tendrá que pagar una caución de 10 mil soles.
21 Abril, 2022
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El Poder Judicial  (PJ) dictó orden de comparecencia con restricciones a un grupo de cinco investigados por el Caso Puente Tarata, entre los cuales se encuentra la empresaria Karelim López. 

En ese sentido, López no podrá cambiar su residencia y tendrá que presentarse todos los fines de mes para notificar sus actividades. Además, no podrá comunicarse con otros investigados y testigos del caso materia del proceso judicial, no deberá asistir a las oficinas de Provías y se le asignó que pague una caución de 10 mil soles que tendrá que hacerse efectiva en un plazo de quince días.

El titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, Juan Manuel Chuyo, incluyó en la medida a los empresarios Marco Pasapera Adrianzén y Héctor Pasapera López. De igual manera, se aplicó la orden de comparecencia con restricciones para Víctor San Miguel, representante legal del Consorcio Puente Tarata 3, y al exfuncionario de Provías, Alcides Villafuerte.

Así mismo, se impuso a Pasapera Adrianzén y San Miguel el pago de una caución ascendente a los diez mil soles, la cuál – al igual que Karelim López – tendrán hacer efectiva en quince días.

Por otro lado, a Pasapera López y a Villafuerte el juez Chuyo les impuso una caución ascendente a quince mil soles.

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PJ dicta 36 meses de prisión preventiva para Bruno Pacheco y sobrinos del presidente Castillo

Cabe recordar que el martes, 12 de abril, el Segundo Juzgado de Investigación de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 36 meses de prisión preventiva en contra de los sobrinos del presidente Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y otros investigados por el caso Puente Tarata 3.
El juez Manuel Chuyo declaró fundado el pedido de la Fiscalía, debido a que los mencionados habrían cometido los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal en agravio del Estado por supuestas negociaciones por medio de Provías.
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