OPINIÓN | Roberto Rodríguez Rabanal: renovación democrática desde la ciudadanía

La tantas veces postergada reforma política puede ser un instrumento de cambio en tanto la ciudadanía despliegue sus fuerzas demandando su concreción.
7 Mayo, 2019
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Quienes ejercieron el poder político y los que lo detentan actualmente, salvo honrosas excepciones, son cuestionados por la ciudadanía, cuyo hastío es creciente. Que 5 expresidentes estén inmersos directa o indirectamente en hechos de corrupción; que cada representación congresal sea considerada peor que la anterior; y que un número considerable de autoridades del sistema de administración de justicia, gobiernos regionales y locales, estén ligados a procesos de descomposición moral, nos pone en mal pie como país.

Frente a este estado de cosas que debilita aún más las bases de nuestra endeble democracia, está surgiendo una nueva generación de fiscales y jueces cumpliendo su rol cabalmente, recibiendo el reconocimiento ciudadano; tal como se produjo la noche del 31 de diciembre de 2018 y los días siguientes, cuando una multitud ganó las calles respaldando a los fiscales Vela y Pérez, removidos arbitrariamente de sus puestos por el incalificable Pedro Chávarry; quien se vio obligado a retroceder ante el empuje de la gente. Ahora, para consolidar lo avanzado, el Ministerio Público requiere un presupuesto adecuado, decisión que está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas.

La carencia de partidos políticos y su reemplazo por franquicias financiadas por Odebrecht y otras grandes empresas, además de que varios están penetrados por el dinero sucio del narcotráfico; se manifiesta, por ejemplo, en un tipo de representación parlamentaria que, como decía un vecino, da pena y rabia a la vez. Pena porque su nivel es calamitoso, y rabia porque nuevamente se burla del anhelo de los pueblos; y un número significativo de congresistas está asociado con la corrupción imperante.

Esto no puede seguir así. La tantas veces postergada reforma política puede ser un instrumento de cambio en tanto la ciudadanía despliegue sus fuerzas demandando su concreción; no basta que el Gobierno haya presentado 12 proyectos de Ley, sino que esto debe servir para afianzar la lucha anticorrupción, mejorar la gobernabilidad y fortalecer la participación ciudadana.

Uno de los proyectos concierne a la elección de candidatos a cargos de representación estatal (presidente de la República, congresistas, gobernadores, alcaldes, etc) vía la modalidad de Primarias abiertas simultáneas y obligatorias, organizadas por la ONPE, cuyo objetivo es promover y facilitar la participación no sólo de militantes partidarios sino también de los simpatizantes y la ciudadanía en general.

Otro de los proyectos concierne a eliminar la presentación de firmas para inscribir un partido, pues durante los últimos 20 años predominó la falsificación masiva; de ahí la mercantilización política y el vacío de legitimidad; por eso contamos con un remedo de partidos. Aprobar que para postular cada partido cuente con un mínimo de 12,500 militantes registrados en un padrón público y transparente con actualización constante, sería un paso positivo. Aunado a que no podrán candidatear quienes tengan sentencia condenatoria en primera instancia; y que sea la Corte Suprema la que defina el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

De este modo la renovación caminará de la mano con la democratización, la institucionalización y la transparencia. Armonizar estos aspectos es un reto de los nuevos liderazgos ciudadanos que dejen atrás a quienes el maestro Basadre llamaba los podridos (corruptos), los incendiados (mentirosos) y los congelados (dogmáticos).