OPINIÓN | Roberto Rodríguez Rabanal: “La salud no se vende”

11 Enero, 2021
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Por: Roberto Rodríguez Rabanal
Sociólogo



La vacunación siempre ha sido universal y gratuita. Pero el Decreto Supremo N°002-2021-SA, que acaba de publicarse, va en un sentido contrario: aprobó que entidades privadas a nivel nacional puedan comercializar las vacunas contra el coronavirus que llegarán al país próximamente. Una vez más, los grandes mercaderes de la salud anteponen el lucro para hacer “negociazos”. A ellos no les importa la vida de las personas. 

Este D.S. desdice lo afirmado anteriormente por el gobierno: el MINSA señaló (octubre 2020) que “los laboratorios privados no comercializarán las vacunas…”, y hace un mes Sagasti defendía en la ONU que la vacuna fuera un bien público. Hoy todo eso quedó atrás y el gobierno del Perú aparece como defensor de la comercialización de la vacuna anti-Covid-19 por el sector privado. 


Preocupa que el referido reglamento regule la distribución y venta de productos como las vacunas sin priorizar su acceso a través del Estado, desconociendo así su carácter de bien público. Peor aún si se tiene en cuenta la demora que tuvo el Estado peruano en concretar las compras. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN), José Enrique Silva, está muy feliz y declaró que el reglamento emitido “abre la posibilidad de que los laboratorios y droguerías puedan importarlo y comercializarlo”.

Sagasti sigue el mismo camino que Vizcarra, quien “se lavó las manos” frente a tremenda alza de precios de los medicamentos anti- Covid-19, facilitando que las boticas del Grupo Rodríguez Pastor ganaran “a lo bruto”. Ahora el “morado” dice “sálvese quien pueda”. No hay “nueva normalidad” sino que los grandes grupos de poder económico continúan llenando sus arcas. Tal como sucedió con los gobiernos de Fujimori-Toledo-AG-Humala- PPK-Vizcarra, la salud sigue siendo un negocio y no un derecho humano fundamental. 

Es indispensable considerar como un bien público a la vacuna contra el nuevo flagelo del siglo XXI que ha ocasionado dos millones de muertos en el mundo; sobre todo cuando la situación tiende a agravarse en tanto la cantidad de contagios, de personas en UCI y hospitalizadas es la más alta desde hace tres meses. 

Urge ejercer la vigilancia ciudadana, regulando y calificando las vacunas como bien público esencial para la vida y la salud de las personas, de primera necesidad, a fin de que entre en el ámbito de competencia de la ley 30140, de lucha contra la especulación y el acaparamiento. Ello permitiría regular los precios, para lo cual el gobierno debe establecer una norma que defina los criterios y procedimientos. Además, incorporar las vacunas al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), para obligar a las aseguradoras privadas a incluir el costo de las vacunas en las coberturas de atención. 

La salud, repito, es un derecho humano fundamental, no una mercancía.